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La reforma del sistema público de pensiones en España.

publicado a la‎(s)‎ 21 feb. 2010 11:40 por Tomás Moro   [ actualizado el 23 feb. 2010 12:26 ]

Autor: Equipo jurídico CJTM

 
 


Presentación.

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Es indudable que el debate sobre el futuro del Estado de bienestar encuentra su principal caballo de batalla en el debate sobre el Sistema Público de Pensiones.
Recientemente, el Gobierno ha alertado a los operadores jurídicos y a los ciudadanos con una necesaria reforma de las pensiones públicas en España.
 
En grandes líneas esa reforma descansa en la reducción de las pensiones de jubilación, mediante el aumento del periodo de tiempo a considerar para el cálculo de las pensiones, y mediante la prolongación de la vida laboral de los trabajadores.
Es evidente, que la reforma propuesta por el Gobierno plantea numerosos errores necesitados de corrección, a saber:

1.- La realización de dicha reforma en un momento de crisis económica de imprevisibles consecuencias.

2.- La politización de dicho debate.

3.- La determinación del debate, mediante la configuración apriorística de las reformas.
 
Efectivamente, dicho debate se plantea con una visión cortoplacista y política del sistema de protección social, en un entorno económico desfavorable. Esta circunstancia no es nueva; ya en 1985, mediante la Ley 26/1985, de 31 de julio, de Medidas Urgentes para la realización de la estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social (BOE 1-VIII-1985), se inició la política regresiva de los derechos de los trabajadores en materia de prestaciones de Seguridad Social. Cabe recordar que en dicha ley, el Gobierno Socialista, a la sazón presidido por el Sr. González Márquez, recorto los beneficios sociales de los trabajadores mediante la exigencia de periodos más dilatados de cotización para tener derecho a las prestaciones, y la ampliación de los periodos de cálculo de las mismas. Con dicha norma, se rompió la tendencia histórica hacia la mejora de las prestaciones y se quebró el principio de la irreversibilidad de los derechos de la seguridad social, vigente hasta ese momento.

El legislador de 1985 actuó bajo los efectos de una crisis económica que igualmente supuso el freno del crecimiento económico que España había vivido desde la década de los 50 del siglo pasado. Sin embargo, las lecciones pasadas no han servido para evitar los mismos errores, pues ahora, bajo los efectos de otra gran crisis económica que afecta a España con más virulencia que a otros estados de nuestro entorno  se pretende la modificación del sistema público de protección social.
 
En 1985 España despertó de un sueño iniciado en la trascendente Ley de 30 de enero de 1900: el sueño de las continuas ampliaciones y mejoras en la protección social.
Igualmente,  resulta significativo que las grandes reformas de protección social, inalteradas en sus líneas maestras, fueran fruto del anterior régimen político. Efectivamente, las ampliaciones sociales durante el franquismo fueron numerosas: el famoso plus familiar (1946), la protección de la enfermedad común y el accidente no laboral (1942), tanto en su prestación sanitaria como en su prestación económica, la protección de la enfermedad profesional (silicosis) en 1947, el seguro del paro forzoso en 1961, y sobre todo, los dos hitos revolucionarios: la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social, y la Ley de seguridad social, aprobado mediante la Ley 193/1963, de 28 de diciembre .
Precisamente, todos los avances en materia de seguridad social fueron posibles gracias a la tecnificación y despolitización de dichas reformas. Las sucesivas reformas fueron el fruto maduro de cientos de comisiones técnicas más preocupadas por la protección de la vejez, la viudedad, la orfandad, el desempleo, la reducción de la jornada laboral, la remuneración de las vacaciones y la creación de una red de asistencia sanitaria con atenciones médicas y hospitalarias, que se pudo colocar a la cabeza de los sistemas sanitarios de las naciones europeas, que de circunstancias políticas coyunturales.
 
Dichos frutos fueron igualmente posibles mediante el establecimiento de un ambicioso objetivo: la mejora de la protección social. Sin embargo, dichas virtudes (la tecnificación y la bondad en el objetivo), no parecen presentes en la actual situación política.
La politización de las prestaciones públicas ha impedido sistemáticamente abordar con seriedad y rigor el sistema público de pensiones y de seguridad social. Los grandes debates sobre el estado de bienestar en España han sido aparcados en los últimos 20 años, ocasionando dicha politización unas perversas consecuencias para la mejora de la protección social.
 
Se observa en la política española un esfuerzo significativo por reducir la protección social, esfuerzo hoy liderado por el Partido Socialista, pero compartido en muchas de sus premisas por el Partido Popular. Se ha reducido todo debate a un único debate: la reducción de las prestaciones sociales; sin embargo, se han abandonado criterios tan importantes como la racionalización del sistema, o la eficiencia y eficacia del mismo. De igual forma, se ha reducida la protección social al pago de prestaciones económicas, sin explorar otros campos posibles, como el reforzamiento de la familia como máximo exponente de protección social, o el impulso adecuado de sistemas privados de previsión social configuradores de un sistema mixto de protección, con la principal ventaja de la responsabilización del trabajador en su futuro.
El informe elaborado por el equipo jurídico del área social del Centro Jurídico Tomás Moro pretende, precisamente, suscitar esos debates olvidados, y pretende, igualmente, aportar ideas, y evidenciar errores.
 
Esta breve propuesta de trabajo no pretende ser un estudio cerrado, ni una propuesta finalizada, pues si algo enseñan los antecedentes legislativos en materia de prestación social es que el debate técnico es el mejor modo posible para lograr avances significativos en los sistemas públicos de protección social.

Propuestas de mejora en las prestaciones sociales.

Se realizan dos tipos de propuestas. Las primeras son de carácter general, y afectan a todo el sistema de protección social. Las segundas son medidas concretas en función de la situación protegida.

Propuestas con carácter general:


1.- Apoyo a la familia:

La familia ha sido históricamente la mejor protección social frente a la actualización de cualquier tipo de riesgo (enfermedad, accidente, paro…), por ello es necesario que el Estado adopte medidas de dignificación y protección de la familia, mediante campañas de concienciación que transmitan la institución familiar como la mejor garantía de seguridad frente a la actualización de cualquier tipo de riesgo.
 
De igual forma, se tendrán que adoptar medidas fiscales para la protección de la familia, y medidas sociales para facilitar la mejor unión de las familias, mediante políticas facilitadoras de la vida familiar (incentivo del trabajo en el mismo municipio de residencia, libertad absoluta de elección del centro educativo por parte de los padres, medidas de conciliación de la vida familiar con la vida laboral…)

2.- Incentivos de la natalidad:

La actual crisis en el sistema de seguridad social español viene determinado por los bajos índices de natalidad. Por ello, se tendrán que realizar campañas de difusión de la maternidad/paternidad, ofreciendo la maternidad/paternidad como una mayor seguridad en el futuro.
 
Igualmente, es necesario la penalización del aborto en todos los supuestos (salvo riesgo vital en la madre gestante), y la implantación de medidas de apoyo directo a la maternidad.
Se tendrán que reducir las cotizaciones sociales según el número de hijos, estableciéndose una variable creciente en todo tipo de prestaciones púbicas según el número de hijos, o personas a cargo (incapacidad temporal, desempleo, incapacidad permanente…).

3.- Eliminación de todas las mejoras sociales a funcionarios públicos, y trabajadores de empresas públicas.

 
Se ha de considerar suficiente la protección social establecida por las normas generales de la seguridad social, por lo que se ha de prohibir cualquier tipo de mejora en materia de prestaciones para el personal dependiente de cualquier tipo de administración (estatal, autonómica o entes locales), eliminándose cualquier mejora existente (complemento del 100 % en las situaciones de incapacidad temporal, posible compatibilización entre pensiones por incapacidad permanente y nuevos puestos de trabajo…)

4.- Eliminación de la financiación pública de los sindicatos y organizaciones empresariales.

 
Dichas organizaciones se tendrán que financiar necesariamente mediante contribuciones de los trabajadores y empresarios, fomentándose por parte de los poderes públicos el asociacionismo de la sociedad civil.

5.- Fomento de la readaptación profesional.

 
Se tendrán que desarrollar medidas concretas para el fomento de la readaptación profesional, permitiendo que trabajadores con diferentes grados de minusvalía para determinadas profesiones, se incorporen al mundo laboral mediante el ejercicio de nuevas labores profesionales.

6.- Establecimiento de un sistema mixto de pensiones.

Impulsar a medio plazo un triple sistema de protección social: Un sistema asistencial básico estatal; un sistema individual (o colectivo) de ahorro mediante planes privados, con control público; y un último sistema de protección profesional que a largo plazo tendrá que ser de capitalización.

7.- Redacción de un nuevo texto refundido de seguridad social, que recopile y actualice toda la normativa de seguridad social.

De este modo se evitará la dispersión normativa, y la aplicación de normas en muchos casos vigentes desde la década de los 60 del pasado siglo. De igual forma, el legislador tendrá que adoptar un compromiso de modificar cuantas normas de dicho texto refundido sean precisas, sin la promulgación de nuevas leyes ajenas al texto refundido, dotando al sistema de prestaciones sociales de mayor seguridad jurídica, y mayor estabilidad normativa.
 
De igual forma, se tendrá que evitar el uso abusivo de la Ley de Presupuestos Generales para la reforma de las prestaciones en materia de Seguridad Social.

8.- Creación de una nueva reserva obligatoria de mantenimiento de la ocupación.

Creación de una nueva reserva obligatoria para las empresas de más de 75 trabajadores, consistente en un porcentaje del beneficio del ejercicio, para garantizar los puestos de trabajo, y el pago del salario, en épocas de crisis económicas.

9.- Establecimiento del sistema bonus-malus.

Es evidente que la sociedad española en su conjunto tiene la obligación de buscar fórmulas que logren el resultado de reducir el número de accidentes de trabajo en España. Más exactamente, podríamos decir que nuestra sociedad tiene la ineludible misión de reducir el índice de accidentes entre la población, sean estos relacionados con el trabajo o no. Desde esta perspectiva cobran sentido las campañas y medidas destinadas a reducir los accidentes de tráfico, las medidas encaminadas a reducir los accidentes de trabajo, y las campañas de sensibilización destinadas a reducir los accidentes domésticos. En un estado social  los poderes públicos han de proteger a los ciudadanos del riego sin importar su origen.
 
Bien es cierto, que los accidentes de trabajo, por su importancia numérica y su importancia económica para el sistema público de protección social, tienen la suficiente entidad como para convertirse en objetivo prioritario de cualquier política de reducción de accidentes.
En la materia que aquí nos ocupa, se ha planteado desde hace tiempo y desde multitud de foros la incorporación en el derecho español de la Seguridad Social  de un sistema bonus- malus, de bonificación y penalización de las cuotas empresariales por contingencias profesionales, en función de la disminución o no de los índices de siniestralidad laboral.
La reducción de la siniestralidad laboral, pasa necesariamente por la priorización de los objetivos de la seguridad social.
 
Tratar de reducir el número de accidentes nos tiene que llevar a plantearnos la configuración de nuestro sistema de seguridad social. Hoy en nuestro país parece indiscutible que los sistemas de protección social tienen que tener un carácter público, reservándose a entidades privadas sólo el complemento de prestaciones (ya sean económicas o sanitarias) en materia de protección social. Pero esa mejora de prestaciones surge desde el establecimiento de unas protecciones públicas mínimas que se consideran suficientes en calidad y en intensidad.
Este carácter público dota a las medidas reparadoras del daño de una prioridad absoluta en el sistema de aseguramiento español; nuestra prioridad se sitúa, por tanto, en  un momento temporal posterior a la producción del accidente. Es en este momento donde nuestro sistema de protección pública (sea sistema de protección pública pura, o sistema de protección con recursos públicos, pero con gestión privada) interviene con toda su contundencia.
 
Sin embargo, la experiencia nos demuestra que  cualquier modelo de atención integral tiene que encontrar en la prevención la cúspide del sistema, en el tratamiento del daño la continuidad del mismo y en la rehabilitación y reparación integral del daño, el fin último.
Por ello, el nuevo diseño del aseguramiento tiene que encontrar en la prevención su objetivo esencial. La cultura preventiva tiene que convencer con su principal argumento: la evitación del accidente y la conservación de la integridad físico-psíquica del trabajador, es decir, la cultura preventiva tiene que extender su reinado mediante argumentos basados en criterios humanitarios y no simplemente mediante criterios economicistas. Así, la introducción de dicho sistema tiene que ir necesariamente acompañado de una serie de medidas tendentes a focalizar la atención de la sociedad en la salud del trabajador y no sólo en las consecuencias económicas del quebranto de la misma. Así es necesario:
 
1- Incrementar los recursos económicos que las mutuas de accidentes de trabajo pueden destinar con cargo a cuotas de seguridad social a la prevención.
2- Implantar medidas y sistemas que potencien la intervención pública (bien directamente o mediante las Mutuas de Prevención) en la prevención de los accidentes, pues no parece coherente que la prevención de un  riesgo social como el accidente de trabajo quede en manos únicamente de los empresarios y de empresas de prevención de carácter mercantil privadas.
 
3- La obligación ineludible de arbitrar procedimientos por los que los sindicatos destinen un porcentaje significativos de sus recursos económicos a políticas de sensibilización en materia de prevención.
4- Dotar presupuestariamente a las Mutuas de Accidentes de Trabajo, de  un fondo aplicado a la salud laboral  y a la medicina del trabajo.
 
5- Implicar activamente a los trabajadores en medidas preventivas destinadas a reducir la siniestralidad laboral. En este sentido, los trabajadores han de participar en el posible beneficio/perjuicio que su actividad pueda ocasionar.

10.- Profundización en políticas de lucha contra el fraude y la economía sumergida.

Profundización en la lucha contra la economía sumergida, mediante la mayor presencia de los inspectores de trabajo en la calle.

11.- Medidas incentivadoras del empleo.

Orientación clara de nuestro mercado laboral desde la óptica de la flexiseguridad. Es necesario la adaptación de nuestras normas laborales a las presentes circunstancias, preservando por un lado la garantía del empleo, y fomentando la adaptación empresarial a los mercados.
 
De igual forma, las normas laborales se tendrán que adaptar a la realidad empresarial, incorporando en el ordenamiento laboral la distinción entre pyme y gran empresa, a efectos de cálculos de indemnizaciones por extinción de contrato laboral, contratación con ETT, y obligatoriedad de determinados beneficios sociales (permisos retribuidos, medidas de conciliación…)
 
 

Propuestas según situación protegida:

Con carácter general, se tendrá que trabajar en la unificación de las prestaciones, ya sean por enfermedad común, accidente no laboral, accidente laboral o enfermedad profesional.

Pensiones de viudedad:

 
1.- Derogación de la  Ley 40/2007 de Medidas en Materia de Seguridad Social, en lo referente a las pensiones de viudedad de las parejas de hecho, por cuanto la existencia del matrimonio civil hace innecesario tutelar los derechos de aquellas personas que libremente deciden no formalizar jurídicamente su unión sentimental.
 
2.- Limitación de la pensión de viudedad del cónyuge supérstite en el supuesto que dicho cónyuge obtenga rentas superiores al triple del salario mínimo profesional y no existan hijos menores de 21 años.
3.- Eliminación del reparto de la pensión en caso de divorcio entre el primer y sucesivos cónyuges del difunto, existan o no pensiones compensatorias.

Incapacidad temporal, por accidente de trabajo:

 
1.- Prohibición legal de la mejora por convenio colectivo del 100% de la prestación para el caso de accidente, para todos aquellos procesos médicos que duren menos de 60 días.

Incapacidad temporal, por contingencia común:

1.- Atribución de verdaderas competencias de control a las Mutuas de Accidentes de Trabajo, con la posibilidad de emitir altas a los solos efectos económicos.
 
2.- Prohibición legal de la mejora por convenio colectivo del 100% de la prestación para el caso de enfermedad común y accidente no laboral, en todos aquellos procesos que duren menos de 60 días.

Pensiones permanentes:

1.- Eliminación de la incapacidad permanente parcial, con el aumento en las cuantías de las prestaciones por lesiones permanentes no invalidantes.
 
2.- Redefinición de la incapacidad permanente total, mediante la disminución de la actual cuantía (55% de la base reguladora), en el caso de que el beneficiario encuentre un nuevo trabajo. En función de las rentas en su nuevo puesto de trabajo, la prestación a cobrar por incapacidad permanente podrá reducirse hasta un 30 %, mientras se compatibilice pensión con trabajo, recuperando nuevamente la prestación por incapacidad en el caso de paro forzoso.
3.- Establecimiento legal, de forma clara y expresa, de la imposibilidad de compatibilidad entre pensiones absolutas y gran invalidez, con cualquier tipo de trabajo remunerado. Sólo con carácter excepcional se podrá autorizar la compatibilidad, reduciéndose en dichos casos la prestación de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez hasta un mínimo del 30 % de la prestación.
 
4.- Fomento de la incorporación laboral del incapacitado permanente mediante la eliminación de todas las cotizaciones sociales, ya sean empresariales o de los trabajadores, excepto la prestación al FOGASA.

Prestaciones por maternidad/paternidad:

 
1.- Ampliación del permiso de maternidad/paternidad hasta los 6 meses.
 
2.- Eliminación de las prestaciones por riesgo por el embarazo o durante la lactancia.
3.- Eliminación de las cuotas empresariales, y la de los trabajadores, durante los doce meses posteriores al parto, tanto en el caso de maternidad como de paternidad.

Jubilación:

 
1.- Creación de incentivos para la ampliación de la vida laboral.
 
2.- Eliminación de jubilaciones anticipadas y jubilaciones parciales.

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