Nota de edición:

Se reproduce el texto de la Ley ilegítimamente aprobada el día 24 de febrero de 2010 en el Senado Español. En los recuadros de color gris, se incluyen los comentarios confrontados por los que se justifica la inconstitucionalidad de la ley, según los informes del Consejo de Estado, del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial (este último no aprobado por mayoría). En las notas de pie de página se incluyen los comentarios de los juristas del CJTM.

 

 

 

 

 

 

---

Carta De Presentación.

Sin duda alguna, el gran debate que se plantea al jurista del siglo XXI, es el reconocimiento y la defensa de la dignidad humana. El siglo XIX planteo al hombre occidental la necesidad de luchar por los pobres y las clases más desfavorecidas, asociadas principalmente con la figura del proletario. Esa lucha sólo encontró su recompensa tras los tristes acontecimientos acaecidos en  la II Guerra Mundial; el temor a una Revolución Global impelieron al juristas a instaurar, extender y ampliar sistemas de protección social capaces de evitar la creación de grandes masas de pobreza y exclusión social capaces de cuestionar los logros conseguidos.

Pero junto a este reconocimiento de derechos y a esta amplitud de los sistemas de protección social, el mundo desoyó los más elementales principios morales, que deberían haber llevado a proclamar con fuerza y rotundidad que una sociedad justa puede ser realizada solamente en el respeto de la dignidad trascendente de la persona humana, representando esta el fin último de la sociedad.

Y en esa alocada carrera contra la dignidad, transcurrió gran parte del siglo XX, vaticinando nuestra realidad actual.

Ya nuestro amadísimo Juan Pablo II avanzó la necesidad de trabajar en la construcción de la cultura de la vida[1], y luchar contra la difusión de una anticivilización destructora[2]. La observación no era inútil, más bien era visionaria. Ante un comunismo a punto de fenecer, el Santo Padre identificó con acierto el triunfo social del materialismo y del relativismo social. Este relativismo moral ha sido capaz de secuestrar la voluntad de los legisladores de un gran número de Estados, que han convertido, en aras a la economía social, al hombre en mero objeto, en obsceno instrumento en manos del planificador económico, capaz de guardar o destruir vidas, de conservar o finalizar voluntades.

Esa relativización de la vida, esa instrumentalización del hombre, es fácilmente comprobable en numerosos estadios de la vida, desde la inmoral práctica de selección de embriones, la experimentación genética, el reconocimiento de un supuesto derecho al aborto, la generalización de la despenalización de la interrupción provocada de la gestación, y la no menos vergonzante defensa de la eutanasia.

En esta batalla dignidad- indignidad, vida- muerte, el jurista ha de dar una respuesta clara y rotunda ante cualquier ataque. Hoy, en España se abre un debate de peligrosas consecuencias: el reconocimiento del aborto como derecho y el establecimiento de una ley de plazos que supondrá la práctica despenalización del aborto. En este contexto, todo jurista tiene que alzar su voz, pues nuestro silencio es tan homicida, como la mano ejecutora. Es necesario que la toga baja del estrado en la que en muchas ocasiones se encuentra tan cómoda, y descienda al infierno de la muerte, de la soledad y de la desolación; muerte de miles de niños que no fueron, soledad de miles de madres frustradas y desolación de miles de mujeres laceradas por el dolor del crimen que cometieron.

Frente a las ingenierías sociales y jurídicas, es necesario proclamar los grandes principios del derecho natural, la racionalidad jurídica y la más elemental de las caridades.

Con el informe que hoy presentamos el Centro Jurídico Tomás Moro, pretende concienciar a los españoles, que perder la batalla del aborto, es perder la batalla de la dignidad humana. No nos jugamos sólo el futuro de niños indefensos, motivo ya de por si suficiente para empeñar todo nuestro esfuerzo y trabajo, sino que nos jugamos el futuro de una sociedad que perdida en el egoísmo, el materialismo y hedonismo, caería de esta forma en la instrumentalización del ser humano.

1. El debate de fondo: La cosificación del ciudadano.

No es nueva la polémica sobre la licitud o ilicitud del aborto, ni es nueva la defensa de posiciones ideológicas, alejando intencionadamente el debate del terreno jurídico. Efectivamente, eliminado las polémicas surgidas entre teólogos, políticos, grupos feministas y sociólogos, nuestro Centro Jurídico pretende revisar la licitud o ilicitud de la despenalización del aborto desde una perspectiva jurídica.

Ahora bien, a este Centro Jurídico no se le escapa que en un debate eminentemente jurídico sobre el derecho a la vida, el libre desarrollo de la personalidad, y el derecho a la libertad, los valores sociales han de estar presentes, pero no por ser conceptos metajurídicos, sino por formar parte de nuestro ordenamiento[3].

Desde la perspectiva jurídica, es por tanto obligado recordar que es potestad y deber del Estado, y fundamento del Estado de Derecho, velar por la integridad física, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Para cumplir ese deber estatal, el Estado de Derecho ha de proporcionar tanto al poder ejecutivo, como al poder judicial, las herramientas básicas para su defensa, siendo la principal de estas herramientas la legislación y las normas jurídicas.

Sin embargo, desde hace 20 años, los poderes públicos están haciendo dejación de sus funciones en el caso de miles de sus ciudadanos que no tienen aún capacidad de ejercer sus derechos y que, por tanto, necesitan especial protección de su parte. Se trata de los ciudadanos que viven en el seno de sus madres por motivo de su formación y preparación para integrarse en el mundo exterior. Estos miles y miles de ciudadanos están siendo vilmente discriminados y destruidos so pretexto de una ley injusta, ilegítima y, más aún, fraudulenta en el 98% de los casos. Y todo ello con conocimiento y consentimiento de los poderes públicos y al margen de la voluntad expresa de un 52% de la población que, ya en el año 2001, declaraba tener «poca o nula tolerancia con el aborto» (Barómetro del CIS de diciembre 2001). Esto vulnera la esencia misma del Estado de Derecho y las conciencias de millones de personas.

El verdadero significado del debate abortista no cobra luz, sino asociamos dicho debate a otras dos polémicas surgidas tras la II Guerra Mundial: la eutanasia y los experimentos genéticos. Efectivamente, sobretodo desde los años 80 estamos asistiendo al renacer de las doctrinas de la pureza de la raza, que el Régimen Hitleriano inicio con las nefastas consecuencias que todos conocemos. La verdadera pieza clave es la dignidad humana; una vez puesta en entredicho esta dignidad, las puertas a la eutanasia, bajo el nombre de muerte digna, del aborto, bajo el nombre de la interrupción voluntaria del embarazo, y los experimentos genéticos, bajo el paraguas del progreso científico, hacen de la vida humana un producto de consumo. Como tal producto, se entiende que puede ser malogrado, si no está debidamente testado (aborto), que puede ser finiquitado, si socialmente no es productivo (eutanasia), o que puede ser mejorado, aún en contra de la naturaleza (experimentación genética)

 

Aproximación conceptual.

Conforme a la legislación española y a la jurisprudencia de desarrollo podemos entender el aborto como la muerte maliciosa de un feto, bien cuando se le priva de la vida intrauterina, dentro todavía del claustro materno, bien cuando se llega al mismo fin con el empleo de medios que provoquen la expulsión prematura, produciéndose la muerte en el exterior por falta de las condiciones de viabilidad.

La definición que se haga de lo que sea el aborto, lleva implícito el debate sobre el bien constitucional protegido, es decir, el bien jurídico protegido.

La doctrina establecida en la Sentencia de 16 de abril de 1985, es concordante con la mayor parte de la doctrina que entiende que el aborto es un delito contra la vida humana dependiente, por lo que el bien jurídico protegido es el nasciturus. El entender la vida del nasciturus como tertium, existencialmente distinto de la madre, obliga al Estado a garantizar su vida mediante una doble acción positiva:

a-                          la de abstenerse de interrumpir u obstaculizar el proceso natural de gestación.

b-                         La de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga su protección efectiva.

Sin embargo, esta doble acción positiva de los poderes públicos, se ha trocado de forma maliciosa, en una simple acción positiva: la despenalización del aborto, mediante su configuración como falso “derecho”.

 

 La dignidad de la vida. Valor preexistente a la legislación.

 

 El derecho a la vida es Ley Natural.

 

No cabe duda, que el único derecho realmente originario del hombre, es el derecho a la vida; sin dicho derecho no se puede predicar ningún otro. En el derecho a la vida, se funda la posibilidad de desplegar históricamente el resto de derechos.

Esta realidad evidente, ya era conocida por viejas civilizaciones como la romana, menos pervertidas en valoraciones éticas que la sociedad actual, por estar más apegadas al derecho natural, único derecho verdaderamente común a todo el género humano. En el Derecho Romano, ya se producía la identificación de concebido como persona sujeto de derechos, asignándosele al feto un curator ventris con la misión de representarle en juicio y tutelar sus derechos.

La vida del ser humano ha de ser necesariamente un camino de perfeccionamiento, que como tal camino tiene un inicio y un fin. La propia naturaleza enseña el inicio de la vida, con la empatía directa, espontánea y sincera entre el niño y la madre, empatía que surge desde el mismo momento de conocer la madre su estado de gestación. El instinto de protección elemental en cualquier animal, se encuentra reforzado en el ser humano con la capacidad del niño no nacido de suscitar el cariño de sus padres, y suponer una esperanza para toda la comunidad.

La vieja teoría de la potencia y el acto, fundamento esencial de la cultura occidental, que hunde sus raíces en la cultura grecorromana, tiene la capacidad de explicitarnos ese derecho natural al que hemos hecho referencia. Ya nos refería Tertuliano que “no refert natam quis eripiat animam an nascentem disturbet: homo est es qui futurus est”[4].

 

El derecho a la vida también es ley divina.

 

Desde las actuales concepciones eminentemente materialistas y positivistas del derecho, es difícil concebir concepciones espiritualistas e iusnaturalistas del derecho; sin embargo, estas últimas concepciones son las únicas que permiten al jurista sobrepasar el Derecho, para buscar la Justicia.

Pero en este punto, es necesario hacer otra observación, quizá más importante: Además del derecho a la vida natural, el aborto imposibilita al hombre la vida sobrenatural, a la que es amorosamente llamado por Dios.

El valor de la vida en el Derecho Positivo.

 

Derecho Positivo Nacional.

 

Si bien este reconocimiento a la vida por parte del derecho positivo tiene menor importancia ontológica, sin embargo tiene mayor importancia práctica, por cuanto los defensores del aborto entablan engañosamente el debate en el terreno del voluntarismo moral, y el positivismo jurídico. El campo dialéctico no lo elegimos nosotros, por lo que en dicho escenario usaremos su argumentación para llegar a la misma conclusión que de forma más breve y acertada nos lleva el Derecho Natural: El Derecho a la vida en un derecho incuestionable.

Para ello analicemos brevemente algunos preceptos legales.

Artículo 10 de la Constitución Española: “1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.[6]

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a la libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos Internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

No es ocioso recordar que en todo el largo clausulado constitucional, no  aparece una sola mención al supuesto -y no real- derecho al aborto. Entre los derechos fundamentales, y por lo que aquí nos interesa, el único recogido es el derecho a la vida (art. 15, y el del libre desarrollo de la personalidad, art. 10).[7]

Pero sin duda alguna, lo que más interesa de este artículo es su remisión a los Tratados Internacionales, pues dichos tratados son los que determinarán el enfoque que la legislación española ha de dar a los derechos fundamentales (y muy especialmente al derecho a la vida). El estudio específico de los Tratados Internacionales es objeto de un estudio más detallado en epígrafes posteriores, no obstante cabe anticipar que ningún Tratado Internacional suscrito por España reconoce el derecho al aborto.

Artículo 15 de la Constitución Española: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas de tratos inhumanos o denigrantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”.

Sin duda alguna, el derecho a la vida reconocido como Derecho Fundamental en nuestra carta magna, es el precepto legal clave para justificar la ilegalidad del aborto provocado. El avance del reconocimiento de la vida como derecho capital, es evidente en las legislaciones de los diferentes estados occidentales que a lo largo de los siglos XVII y XIX, fueron regulando dicho derecho en sus respectivas legislaciones estatales. De esta forma, el históricamente vulnerado derecho a la vida, encontraba un respaldo legal de primer orden.

Sin embargo, tan larga batalla valorada desde el presente ha sido inútil, pues el antaño incuestionado derecho a la vida, hoy es puesto en duda en numerosas ocasiones:

1- En todos aquellos casos en los que la madre embarazada, decide no querer el fruto de la concepción.

2- En aquellos casos, en los que el diagnóstico prenatal, descubre probables enfermedades del feto, y en aplicación de criterios eugenésicos y de pureza de la raza, se decide no continuar con el embarazo.

3- En todos los supuestos de diagnóstico preimplatatorio, como fase previa a la técnica de fecundación artificial, donde todos los embriones no considerados válidos son eliminados o congelados.

 

Art. 29 del Código Civil Español: El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente.

A todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural, se le debe reconocer la dignidad de persona. Ahora bien, el reconocimiento de la dignidad, y el reconocimiento de la capacidad jurídica, son dos temas bien distintos.

La primera parte del artículo puede llamar a equivoco dado la confusión que el legislador realiza entre los términos capacidad y personalidad. La redacción literal de la norma podría llevar a pensar que se establece un concepto de Persona que excluye al ser no nato, y aún al que, alumbrado, no ha alcanzado las veinticuatro horas de vida extrauterina independiente (condición establecida en el art. 30 del propio Código Civil).

Sin entrar en disquisiciones jurídicas, no obstante hemos de concluir que la ratio legis no trata de la personalidad entendida como cualidad inherente a toda persona, ni siquiera se entiende referido a la personalidad jurídica en general, sino que hace alusión a la personalidad en el ámbito jurídico – civil, y por tanto la alusión al nacimiento de la personalidad queda reducida a un ámbito mucho más reducido.

Derecho Positivo Internacional.

Ninguno de los Tratados Internacionales sucritos por España, reconoce “el derecho al aborto”; más bien todo lo contrario:

“Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”, dice claramente la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (París, 10 de Diciembre de 1948).

En este sentido, es necesario mencionar que según nuestra Constitución, los Tratados Internacionales suscritos por España tiene plena aplicación en nuestro ordenamiento, anteponiéndose su aplicación a la propia Constitución Española, si entraran en Contradicción con ella. De igual forma, es necesario recordar que la Ley de los Tratados Internacionales contenida en la Convención de Viena establece que: “un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido ordinario que debe atribuírsele de acuerdo al contexto del mismo y a la luz de los objetivos que le vieron nacer”. Es decir, que no cabe deducir internacionalmente un supuesto “derecho al aborto”.

Así, son numerosos los instrumentos internacionales que optan por la protección de los derechos de los niños:

Declaración Universal de Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948)

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica.

Artículo 16.3: La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 25.2: La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera del matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Declaración de los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 20 de noviembre de 1959).

Preámbulo: […] Considerando que el niño por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento.

Principio 4: El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales incluso atención prenatal y posnatal (…)

Principio 8: El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciben protección y socorro.

 

Convención sobre los Derechos del Niño (resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989)

 

Artículo 1: Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

 

Artículo 3: 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

 

Artículo 6: 1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.

Declaración de los Derechos de los Impedidos (Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas nº 3447, de 9 de Diciembre de 1975)

Derecho 3. El impedido tiene esencialmente derecho a que se respete su dignidad humana. El impedido, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias, tiene los mismos derechos fundamentales que sus conciudadanos de la misma edad, lo que supone, en primer lugar, el derecho a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible.

Derecho 4. El impedido tiene los mismos derechos civiles y políticos que los demás seres humanos; el párrafo 7 de la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental se aplica a toda posible limitación o supresión de esos derechos para los impedidos mentales.

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas nº 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948)

Artículo II.-En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.

 

Consejo de Europa (Resolución n. 4376, Asamblea del 4 de Octubre de 1982)

La ciencia y el sentido común prueban que la vida humana comienza en el acto de la concepción y que, en este mismo momento, están presentes en potencia todas las propiedades biológicas y genéticas del ser humano.

 

El camino de la esperanza. La contrarrevolución dogmática, una auténtica revolución social.

 

Ya G.K. Chesterton, fue claro cuando refirió dos grupos diferenciados de personas: Los dogmáticos, conscientes de ser dogmáticos, y los dogmáticos, que no eran conscientes de su dogmatismo.

Pues bien, este informe esta hecho por el primer grupo de dogmáticos, es decir por aquellos que sí son capaces de explicitar su dogmatismo. Consideramos que un único dogma subyace en nuestra legislación patria, y en la legislación internacional: El dogma de la dignidad de la vida.

Hoy ha llegado el momento de fomentar una revolución social, desde la contrarrevolución dogmática. La bandera ha de ser necesariamente la dignidad humana, y el himno ha de ser necesariamente la solidaridad universal.

El fin de la lucha ha de ser establecer un humanismo integral y solidario, fundado sobre la dignidad y la libertad de toda persona humana. Este humanismo, esta defensa de la dignidad humana, sólo podrá ser posible si cada ser humano es capaz de cultivar y propagar las mas elementales virtudes morales y sociales, y entre ellas, y de forma muy especial, la virtud del respeto a la vida humana, y el apoyo incondicional a su libre crecimiento y desarrollo.

 

 

Conforme a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional dictada en sus Sentencias de 16 de abril de 1985 ( Ref. 53/1985) y  3 de junio de 1985 (Ref. 70/1985) en el recurso de inconstitucionalidad 800/1983, interpuesto por D. José María Ruiz Gallardón, comisionado por 54 diputados de las Cortes Generales contra el texto definitivo del Proyecto de Ley Orgánica de reforma del artículo 417 bis del Código Penal y  en el recurso de amparo promovido por diversas recurrentes contra la sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 1983, en causa seguida por delito de aborto, cabe establecer los siguientes afirmaciones :

 

 

1º.- La vida del nasciturus entendido como “tertium” existencialmente distinto de la madre, es un bien constitucionalmente protegido. El Estado tiene la obligación de garantizar la vida, incluida la del “nasciturus” . Dicha protección implica la asunción por el Estado de una doble actuación positiva:

 

a) la de abstenerse de interrumpir u obstaculizar el proceso natural de gestación,

b) la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga su protección efectiva.

 

Sobre el concepto de la vida, el TC sienta la afirmación que es un devenir, un proceso que comienza con la gestación  en el curso de la cual una realidad biológica, un tertium existencialmente distinto de la madre, aunque alojado en ella,  va tomando  corpórea y sensitivamente configuración humana.

 

2º.- No existen en nuestro Ordenamiento Constitucional derechos ilimitados o absolutos, ya que todo derecho esta limitado cuando entra en conflicto con otros derechos o intereses.

 

En caso de que la vida del nasciturus,  en cuanto bien constitucionalmente protegido por el articulo 15 de la CE, entre en conflicto con los derechos a la vida y a la dignidad de la mujer embarazada, produciéndose una confluencia de bienes y derechos constitucionales en juego, el interprete constitucional en su labor de ponderación debe tratar primero de armonizarlos y en otro caso, fijará las condiciones y requisitos  en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos.

 

3º.- El aborto voluntario, fuera de los supuestos previstos en la Ley no estaría  justificado en su despenalización por cuanto impone la libre voluntad de la mujer embarazada impidiendo la vida en gestación sin que estemos en presencia de un grave conflicto entre la pervivencia de los derechos de la mujer y la protección de la vida del feto que no pueda solucionarse de ninguna otra forma más que con la eliminación del nasciturus.

 

En otras palabras, sólo cabe reconocer, de acuerdo con la interpretación constitucional, una prevalencia de los derechos de la mujer sobre la vida del nasciturus si concurren unas situaciones singulares, excepcionales y tasadas. En caso contrario, admitir una prevalencia incondicional de los derechos de la mujer (……..) supondría la negación de la protección del nasciturus,  a la que esta obligado a garantizar el Estado en cuanto bien jurídico reconocido que encarna la vida como valor central del propio ordenamiento.

 

     Así, de acuerdo con los tres supuestos tasados en los que el delito de aborto no es punible en España, el conflicto o situación de necesidad que se produce entre la vida del nasciturus y el derecho a la vida o salud o derechos de la mujer embarazada que no puede solucionarse de otra manera, exige una cuidadosa y responsable ponderación de los bienes e intereses del modo siguiente:

 

• aborto terapéutico :  el derecho a la vida  o la preservación de la salud de  la madre prevalecen sobre la vida del nasciturus,
• aborto ético: prevalece el derecho de la mujer al libre desarrollo de su personalidad, a su integridad física y moral, al honor, a la propia imagen y a la intimidad personal,
• aborto eugenésico: la sanción penal entrañaría una conducta que excede de lo exigible a la madre y a la familia[1] . Este supuesto para el Tribunal podría , en un futuro, evitarse.     

  

4º.- La práctica del aborto libre sin cortapisas, fuera del aborto justificado en ciertos supuestos con carácter excepcional , bajo el sistema de indicaciones contemplado en el Código Penal, de admitirse supondría una despenalización total del aborto, contraria a la Constitución ya que el articulo 15 impone la obligación al Estado de garantizar la vida humana, incluida la del nasciturus.

 

5º.-  El aborto como un remedio inevitable y las alternativas a la mujer embarazada. En este extremo cabe alegar lo señalado en el FJ 14 de la sentencia en la cual el Tribunal afirma la relevancia del derecho de la mujer a disponer de la necesaria información , no sólo de carácter médico –lo que constituye un requisito del consentimiento válido- sino también de índole social, en relación con la decisión que ha de adoptar

 

6º.- Objeción de conciencia del personal médico y sanitario. En el FJ 14 in fine de la STC se reconoce que existe el derecho a la objeción de conciencia y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no la regulación sobre su ejercicio. La libertad de conciencia forma parte del contenido del derechos fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el Art. 16.1 de la CE  que es, como otros artículos relativos a los dº fundamentales, directamente aplicable por los poderes e instituciones e invocado por los ciudadanos ante los Tribunales.    

 

 

II Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de aborto (periodo 1991 a 2001)

 

-  El delito de aborto como tipo penal controvertido y contradictorio : en  la Sentencia del TS, Sala Segunda, de lo Penal, de 30 de enero de 1991 (Recurso nº 2222/1988, ponente D. José Augusto  de Vega Ruiz) en el FJ TERCERO partiendo  de la estimación de que el delito de aborto es una de las infracciones más debatidas  en el Dº Penal, pues su punición choca frontalmente con quienes defienden la atipicidad y admisibilidad de las conductas productoras de dicho resultado y altamente contradictoria en el Dº Penal , dado que pese a su relevancia y  al elevado número de abortos producidos, el número de asuntos que llegan a los Tribunales de esta naturaleza es muy reducido, se concluye y reproducimos textualmente que “La razón puede estar en la confrontación  radical de criterios en cuanto a su permisibilidad, legal o moral, y sobre todo en la duda del legislador a la hora de buscar un equilibrio justo que sirva para contentar, cosa difícil, a los que defienden antagónicas posturas. En medio está el derecho a la vida por encima de cualquier disquisición. En medio, está, especialmente por parte de la mujer, la defensa de un derecho de disposición  del propio cuerpo en razón a intereses especialmente graves y en relación a profundas consideraciones que exceden del puro Derecho Penal. Es posiblemente el problema moral de siempre para buscar el contenido y los limites, absolutos o relativos, de la moral natural. Es quizás el contenido e interpretación del artículo 15 de la Constitución al proclamar el derecho a la vida”. Junto a estas  declaraciones sobre el tipo controvertido del delito de aborto se deslinda en el Fundamento de Derecho CUARTO entre el aborto natural , no punible, en cuanto destrucción del feto en el claustro materno o su expulsión prematuramente provocada, por agentes o causas naturales, no buscadas intencionadamente y el aborto criminal causado de propósito, con o sin consentimiento de la mujer, con o sin empleo de violencia, intimidación , amenaza o engaño.   

 

- el sistema de indicaciones en cuanto constitutivo de  un conflicto de intereses o estado de necesidad como exención de la punibilidad del delito de aborto:  en las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 14 de diciembre de 1992 (Recurso nº 5198/90, ponente D. Roberto Hernández Hernández ) y de 31 de marzo de 1999  (ponente D. Adolfo Prego de Oliver Tolivar) se reconoce que las situaciones contempladas constitutivas del sistema de las indicaciones  son acordes con la voluntad inequívoca del legislador de respetar la vida que esta por nacer y que, como figura humana digna, merece rigurosa , efectiva y amplia protección penal, cuando el conflicto o colisión de intereses  se origina por encontrarse la madre embarazada en grave peligro para su vida o su salud física o psíquica (FJ CUARTO). Tales indicaciones o supuestos de legitimidad que poseen la naturaleza de causas justificativas de la “necesidad” de la interrupción del embarazo deben ponerse en evidencia en un dictamen emitido previamente a la intervención , por un médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto conforme a la regulación establecida en el artículo 417 bis del CP, que determine la colisión de intereses entre la salud (física o psíquica) de la madre y el interés de viabilidad del nasciturus. 

      

-criterios que sirven para caracterizar al sujeto pasivo del aborto:  Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 23 de octubre de 1996 (Recurso  nº 2491/1995, ponente D. Enrique Bacigalupo Zapater) en el Fundamento de Derecho SEGUNDO la Sala, entre los criterios que se sirve la doctrina para caracterizar al sujeto pasivo del aborto se inclina por el que concede mayor amplitud, de manera que es indiferente que la muerte del feto tenga lugar dentro del útero o después de la expulsión, o incluso entre una y otra situación. El criterio secular que marca la distinción entre aborto y el homicidio sustentado en la vida posterior a la separación completa del cuerpo de la madre mediante el corte del cordón umbilical se interpreta por la Sala del alto Tribunal como producto de la  noción de vida del siglo XIX conforme a la cual el nasciturus  sólo tenía una esperanza de vida, caracterizada por la respiración autónoma del recién nacido y lo entiende sumamente discutible de acuerdo con los conceptos biológicos o jurídicos actuales, pues afirma que  “biológicamente es claro en la actualidad que la vida existe, desde el momento de la concepción y jurídicamente es protegida hasta el  comienzo del nacimiento como vida humana en germen “ .

 

- sobre la delimitación jurídico-penal del embrión o feto y  su condición independiente de la mujer (el feto no es mulieris portio).  La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal  (Recurso nº 2252/2001, ponente  D. José Aparicio Calvo-Rubio) que reproducimos en lo que interesa del Fundamento de derecho CUARTO recuerda “que los arts. 29 y 30 del CC se ven forzados a tener por persona al concebido a todos los efectos favorables y no hay efecto más beneficioso para el ser humano en gestación que el de conservar su integridad física y psíquica, añadiendo que el concebido, en armonía con los avances científicos, tiene un patrimonio genético totalmente diferenciado y propio sistema inmunológico,  que puede ser sujeto paciente dentro del útero y que la dependencia de la madre, abstracción del tiempo biológico de la gestación,  no es un término absoluto pro cuanto se prolonga después del nacimiento; negar al embrión o al feto condición humana independiente y alteridad , manteniendo la idea pretendida de la “mulieris portio” es desconocer las realidades indicadas.”   

 

Esta doctrina es invocada con anterioridad en la sentencia del mismo Tribunal Supremo de 22 de enero de 1999 (Recurso 3823/1997) al recoger lo declarado en la STC 53/1985 respecto que la vida humana es un devenir, un proceso que comienza con la gestación, en el curso de la cual, una realidad biológica va tomando cuerpo generándose un “ tertium” existencialmente distinto de la madre, aunque alojado en ella.

 

En este mismo Fundamento de Derecho, relevante para el reconocimiento jurídico del feto o embrión, se precisa que “el comienzo del nacimiento pone fin al estadio fetal y, por consiguiente,  se transforma en persona lo que antes era  un feto” añadiendo que no existe en Dº Penal un precepto que señale, como sucede en el Código Civil, la delimitación a los efectos pertinentes, de la consideración jurídica de persona, si bien no cabe duda que la conceptuación como persona , a partir del momento en que se inicia el nacimiento, se sitúa en la línea de la mayor efectividad de los derechos a la vida, a la integridad física y a la salud que proclaman los artículos 15 y 43 de la Constitución.

 

En definitiva, que es el ser humano, cuyo nacimiento se ha iniciado, el  bien jurídico protegido, de manera que no es la salud, integridad o vida del feto lo que se pone e peligro , sino la salud e integridad física de una “persona” el otro, al que se refiere el artículo 420 del Cº P. Conforme a ello, la muerte de un niño, como sucedió en el caso  enjuiciado por esta sentencia, que vivió varias horas y murió como consecuencia de una desacertada técnica utilizada en su nacimiento, colma cumplidamente las exigencias típicas del Art. 621.2º del Cº Penal (delito de homicidio/lesiones  a “otro”) , porque ya era una persona penalmente protegible.          

VER EN FORMATO PDF

---

Presentación.

Propuestas de mejora en las prestaciones sociales.

Se realizan dos tipos de propuestas. Las primeras son de carácter general, y afectan a todo el sistema de protección social. Las segundas son medidas concretas en función de la situación protegida.

Propuestas con carácter general:

1.- Apoyo a la familia:

2.- Incentivos de la natalidad:

3.- Eliminación de todas las mejoras sociales a funcionarios públicos, y trabajadores de empresas públicas.

4.- Eliminación de la financiación pública de los sindicatos y organizaciones empresariales.

5.- Fomento de la readaptación profesional.

6.- Establecimiento de un sistema mixto de pensiones.

7.- Redacción de un nuevo texto refundido de seguridad social, que recopile y actualice toda la normativa de seguridad social.

8.- Creación de una nueva reserva obligatoria de mantenimiento de la ocupación.

9.- Establecimiento del sistema bonus-malus.

10.- Profundización en políticas de lucha contra el fraude y la economía sumergida.

11.- Medidas incentivadoras del empleo.

Propuestas según situación protegida:

Pensiones de viudedad:

Incapacidad temporal, por accidente de trabajo:

Incapacidad temporal, por contingencia común:

Pensiones permanentes:

Prestaciones por maternidad/paternidad:

Jubilación:

Un análisis de la Asociación para la Defensa de los Valores Católicos en la Enseñanza sobre los materiales confeccionados para la ETAPA DE PRIMARIA. Por tanto, un trabajo de especial interés para los padres, maestros y profesores relacionados con esta etapa escolar que va de los 6 a los 12 años de edad.

 

De forma general, los citados materiales establecen, sin razones serias, una serie de dogmas presentados como verdades absolutas que no admiten discusión. Se dan constantes ataques contra la Familia, que la citada Dirección General quiere modelar a su gusto, pero a favor de la escuela, como garante de la buena educación de los niños; si bien, es claro que al ir contra la Familia, no puede estar a favor de la escuela.

 

Citando siempre, y de manera enfermiza, antes a “niñas” que a “niños” o antes a “mujeres” que a “hombres”, se presentan contradicciones en su modo de operar, como la ausencia de paridad (idea politizada y absurda que trata de conseguir que exista igualdad en número de hombres y mujeres en todo tipo de actuaciones humanas), pues los implicados en la elaboración del trabajo son todo mujeres (ver página 4 del trabajo dirigido a los profesores). Se señala que la empatía debe desarrollarse e inculcarse específicamente a los varones, con lo que nos encontramos otra contradicción: un trato diferente por razón de sexo (ver página 23 del citado). Por último, el relativismo que pretende imponerse en la actualidad recibe un duro golpe al encontrar en esa Dirección General una serie de “verdades absolutas”.

 

Un trabajo que, con algunas faltas de ortografía, como “envase”, que aparece escrito como “Embase” (ver página 42 del citado), pretende allanar el camino para un futuro adoctrinamiento en Secundaria en temas de mayor envergadura. Hablando de igualdad de dignidad entre mujeres y hombres, se critica la tradición supuestamente machista, pero se echan en falta ejemplos universalmente conocidos, como son el trato que dan a las mujeres determinadas etnias o gobiernos.

 

A lo largo de este documento se indicarán en cursiva, aunque no literalmente, las ideas de la Dirección General de la Mujer; seguidamente, con letra normal, los comentarios de nuestra Asociación y, entre paréntesis, la página del documento en que aparece la alusión. Comencemos.

 

Primera parte: del material para el profesor.

 

Se indica que durante siglos hemos pensado que la desigualdad la traía la naturaleza sexual. ¡Pues claro!, hombres y mujeres somos iguales (para unas cosas) y desiguales (para otras), y justamente, las desigualdades tienen su origen en la naturaleza sexuada. Por ejemplo, la capacidad de concebir que posee la mujer genera en ella unos sentimientos típicamente femeninos. (Página 10 del cuaderno del profesor)

 

Mujeres y hombres no se complementan, sino que cooperan juntos. Se trata de una idea que intenta adjudicar una connotación negativa al concepto de complementariedad. El género humano sobrevive gracias a esa complementariedad del hombre con la mujer en el Matrimonio y fuera de él ya que la idea de complementariedad no se limita a la esfera matrimonial. La complementariedad aparece cuando uno posee lo que no posee el otro y viceversa, como ocurre con los dos sexos del género humano. (10)

 

La población estudiantil tiene una oportunidad única para recibir una buena educación, pero gracias a la escuela, no a la familia. Se arremete descaradamente contra la educación que proporciona la familia y se exalta la que se imparte en los colegios. (11)

 

Para que las relaciones sean buenas deben ser libremente consentidas. Aquí se podrían incluir las relaciones sexuales, con lo que se echa por tierra que esas relaciones deben estar en el marco adecuado, como es el del matrimonio; se echa por tierra el valor de la Castidad dentro y fuera del mismo. Ciertamente, no basta que unas relaciones sean libremente consentidas para que sean honestas. (11)

 

Es correcto que se diga que por el hecho de pertenecer a la especie humana merecemos un trato adecuado. Sin embargo, los que hacen tal referencia se contradicen cuando promueven, por ejemplo, el crimen del aborto para fetos con síndrome de Down, ¿No pertenecen éstos a la especie humana?  (15)

 

El derecho a la educación implica el deber de asistir a la escuela. Con esto, se recuerda que todos deben ir al colegio. Se trata de asegurar que todas las personas pasen por las aulas y así poder confirmar su adoctrinamiento. Sin embargo, la asistencia a la escuela implica la responsabilidad de la misma en mostrar conocimientos culturales objetivos, no ideas políticas. Se insiste en ello señalando que los padres tienen el deber de escolarizar a sus hijos. (16)

 

Los chicos actúan haciendo lo contrario que las chicas, si ellas aman, ellos quieren puro sexo; si ellas estudian bien, ellos abandonan sus estudios… Éste párrafo, que no tiene ni pies ni cabeza, asigna, como en casi todo el documento, las conductas buenas a ellas y las malas a ellos. (18)

 

La educación sentimental y emocional es una carencia del sistema educativo. Es este un dogma con el que se quiere educar a los alumnos en algo íntimo y personal que corresponde a las familias. La educación sentimental y emocional no pertenece al ámbito escolar y por ello no es una carencia del mismo. Se trata así, de justificar sin razón seria que esa educación sentimental y emocional forma parte de las tareas docentes. (22)

 

Las emociones son coincidentes en mujeres y hombres. Es esta una afirmación que va contra los conocimientos de la Medicina y de la Psicología, que establecen comportamientos emocionales diferentes en función de los sexos. (22)

 

La educación sentimental y emocional debería darse en la familia, pero no siempre es así. ¿Y en los casos en los que sí es así? Lo que debe potenciarse es la responsabilidad que tienen los padres de estar formados, unas escuelas para padres organizadas por distintas instituciones sociales, incluidas las eclesiásticas, por supuesto, y que la escuela se limite, como ya se ha dicho, a contenidos objetivos. Realmente, a la Dirección General de la Mujer le ha venido una chispa de verdad: que esa educación debería darse en familia. (25)

 

Hay mandatos de género y trampas sexistas en las revistas, series de TV o videojuegos. ¿Por qué entonces no actúa esa Dirección General de la Mujer para luchar y erradicar esos mandatos y trampas en los medios de comunicación? (26)

 

Del sexo proviene la diferencia referida sólo a órganos sexuales y reproductivos. Esto no es cierto, ya que esa diferenciación sexual marca también diferencias sicológicas, como enseña la Psicología, la Psiquiatría y la Medicina. (27)

 

Que las mujeres puedan gestar a sus hijos en su propio cuerpo se convierte en un inconveniente cultural de primer orden. Ésta frase, lejos de ser cierta, es una solemne estupidez. ¿Cómo puede considerarse un inconveniente cultural la maternidad? Se pueden desarrollar programas de enseñanza y ayuda específicos para las mujeres gestantes, pero esto corresponde a los gobernantes. Con ésta idea se pretende apologizar sobre la gestación extrauterina, sobre el aborto, etc. (27)

 

La maternidad es el principal obstáculo para que las mujeres sean consideradas como individuos pensantes, libres e iguales en derechos. Nueva tontería que ya no se cree nadie y que únicamente busca desprestigiar la maternidad. El obstáculo no es la maternidad, sino las personas que así lo creen. Ideas como esta pretenden inculcar que el ser humano está mal hecho, que Dios se equivocó al realizar el diseño de hombre y mujer. (27)

 

Es difícil pensar que las familias eduquen en la igualdad. Afirmación categórica generalizada que arremete contra la institución familiar y su capacidad para educar en la sensata igualdad. Lo que ocurre en este caso es que la educación en igualdad que ofrecen las familias no coincide con la que le gusta a la Dirección General de la Mujer. Con ello, el concepto de igualdad supuestamente válido será el que escoja el gobernante de turno sin que el resto de la sociedad pueda pronunciarse: es la dictadura de las ideas. Ésta idea es el primer paso para concienciar a los ciudadanos de que es posible retirar la custodia de los hijos a los padres que no piensan como el gobierno. (28)

 

Pueden realizarse comprobaciones estadísticas para ver cómo se da el reparto de tareas domésticas, etc. Es éste un ejemplo típico del uso incorrecto de la Estadística. Si una mujer hace la comida un 10% de las veces y su marido la hace el 90% restante, lo más seguro es que no sea discriminación sexual, sino cuestiones de organización. De todas formas, el amor verdadero en el seno del matrimonio no busca un 50-50 matemático. Además, el hecho de hacer la comida no debe verse como una carga, sino como un aspecto positivo más en la vida familiar, un acto de servicio y de amor. (28)

 

Hay que desterrar el mito de la media naranja. Esto de que un hombre ve en su mujer a su media naranja, y viceversa, lejos de ser un mito, describe muy bien, y de forma muy natural, la complementariedad de ambos en la unidad matrimonial. (30)

 

Resulta acertado haber arrinconado las tradiciones y costumbres obsoletas. Aquí, se ha utilizado ingeniosamente el término obsoleto, como sinónimo de algo anticuado que no cabe en la actualidad. Se da un trato despectivo a las tradiciones y costumbres que tienen además el atractivo de tener mucha historia. (31)

 

En la fórmula civil del matrimonio, ambos cónyuges tienen iguales obligaciones y derechos. Éste aspecto pertenece al rito católico, donde, como todo el mundo sabe, aquello de “en la salud y en la enfermedad”, etc., lo dice tanto la novia como el novio. La fórmula civil ha copiado la magistral fórmula católica. (31)

 

Gran parte de las mujeres más jóvenes disfrutan de salidas sin vigilancia ni tutela y tiempos de libre disposición, como si la familia fuera un puesto de trabajo con tiempo libre, etc. (32)

 

Se propone que el funcionamiento de las familias esté inspirado en la negociación y en la democracia. Ésta es una propuesta absurda, las verdaderas familias se inspiran en el Amor, donde la negociación y la democracia no tienen sentido alguno en los aspectos relevantes y el sentido común, el conocimiento o la experiencia deben imponerse. Que no existe sociedad sin autoridad lo sabe la Humanidad desde hace milenios. Por otra parte, que en la Familia, como célula social, la autoridad corresponde a los padres, es algo que conforma la Ley Natural, y que Dios revela en el Decálogo. Lo que ocurre es que esa Autoridad ha de ejercerse con Amor y comprensión. (32)

 

La atracción  afectiva y sexual no es producto de la divergencia entre las personas, del mismo o de diferente sexo, sino que proviene del encuentro singular, de la elección y de la coincidencia. Sí es producto de la diferencia de sexos: la atracción sexual fisiológica es hacia el otro sexo. Aquí, pretende equiparase la vida heterosexual con la homosexual. (32)

 

Tendría que haberse iniciado ya la desaparición del concepto de complementariedad de los sexos. Idea tan ridícula como falsa ya que el hombre posee una capacidad procreadora diferente de la de la mujer pero completa con la unión de ambos. La Naturaleza, sometida al deseo del Creador, impone inevitablemente esa complementariedad. (33)

 

Desarrollar el aspecto social de la persona es la parte más interesante de nuestra existencia. Esto lo dicen aquellos que no conocen a Dios, pues lo más interesante es desarrollar la dimensión espiritual del hombre, sin olvidar la social. (35)

 

Las normas van variando. Frase de la falsa filosofía relativista, las normas de no mentir, no matar, etc., son normas eternas. Con frases como ésta, los niños asimilarán la idea de que lo que antes era pecado ahora ya no lo es, porque es normal que las normas vayan cambiando. (35)

 

En la familia se encuentran normas internas impuestas y no consensuadas. Nueva idea que trata de echar por tierra el funcionamiento normal de una familia. En muchos casos, los padres deben imponer normas, otro asunto es que expliquen a sus hijos los porqués de esas obligaciones. Por otro lado, la Consejería de Educación es maestra imponiendo normas no consensuadas, como la imposición a los niños de recibir adoctrinamiento en las materias de EpC. (36)

 

Los padres no pueden poner normas que impidan la escolarización de sus hijos. Nueva insistencia para que quede patente la obligación de ir al colegio, centro del adoctrinamiento político. (37)

 

Si algún menor no puede vivir en su familia bajo los principios democráticos puede recurrir a los servicios sociales o a las fiscalías de menores. Idea amenazadora contra los padres y que trata de lograr ese modelo democrático familiar. Parece que se pretende atemorizar a los padres para que se ajusten al estilo de vida que pretende el Gobierno. (37)

 

Los coches, las motos y otras máquinas están principalmente bajo el control de los hombres. Las feministas, autoras de ésta frase, quieren ver en la calle igual número de chicas que de chicos conduciendo motos, igual número de ciclistas que de “ciclistos”, etc. Esto es simplemente cómico. Hoy día, si una mujer necesita llevar el coche, simplemente lo lleva. (48)

 

Las mujeres utilizan la bicicleta con un sentido práctico, ecologista, saludable, útil y divertido; los hombres, además, buscan la competitividad. Exaltación de las acciones de la mujer, propia del movimiento feminista y de que el documento está plagado. Se hacen continuas referencias a los hábitos de ellas y de ellos, poniendo calificativos positivos para ellas y negativos para ellos. Esto no es promoción de la igualdad, es feminismo en estado simple. (49)

 

En la educación vial debe contrarrestarse con conocimientos las actitudes aprendidas en serie en gran parte de la cultura familiar, social y mediática. Nueva embestida contra la familia, que parece tener la culpa de todos los males. (49)

 

Toda costumbre y modo de vida humano es cambiante, ha evolucionado poco o mucho y tiene igual categoría. Esto no es cierto, hay cosas que no cambian, simplemente porque no pueden hacerlo. (54)

 

En la educación que proporcionan las familias se reproducen las clásicas desigualdades. Nuevo ataque a la familia, presentada como hábitat discriminatorio. (55)

 

Se indica que los conflictos no son negativos en sí mismos (57) y en la página siguiente se señala que cuando no es posible dialogar no hay que ir en busca de conflictos. Nueva contradicción en el documento. (58)

 

Los valores democráticos sufren un tratamiento contradictorio en la sociedad; por ello, es la escuela la que de forma prioritaria los tiene que enseñar. Justificación absurda para priorizar la enseñanza que se da en los centros escolares frente a la enseñanza que se da en la familia. (60)

 

El mensaje social de que son únicamente las familias las que deben educar en valores no se sostiene, si tenemos en cuenta que existen muchas familias que no tienen ni practican los valores cívicos y, por tanto, no los pueden enseñar. Puede decirse exactamente lo mismo de los centros de enseñanza. Se trata de otro ataque a las familias del que se puede decir mucho. El citado mensaje sí se sostiene entonces para las familias que sí practican los valores cívicos. Por otro lado, habría que dar los porcentajes de familias de que se habla en este párrafo. Otro aspecto a tener en cuenta es que una cosa es educar en valores universalmente aceptados y otra es que se termine educando en la filosofía de igualdad de género, que deriva en una exaltación de las conductas homosexuales, del aborto como derecho de la mujer, etc. (60)

 

En la escuela debe practicarse la solidaridad; por ello, pueden nombrarse a determinados alumnos como ayudantes de otros. ¿Tienen éste cometido los alumnos de Primaria? ¿Pueden cumplir ese cometido sin que se vea afectado su rendimiento? ¿Necesitan los maestros la ayuda de los alumnos? Por otro lado, el término solidaridad ha reemplazado al vocablo Caridad, más rico y ejemplificador. (62)

 

En las últimas páginas del documento se señala una bibliografía recomendada que es más de lo mismo y donde podemos encontrar títulos como “Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas” donde los conceptos de madresposas y mojas se reducen al mismo nivel que los otros vocablos.

 

Finalmente, las páginas web mostradas al final son un refuerzo a la coeducación que pretende el Gobierno, una apología del sexo placentero, una propaganda de asociaciones de gays y lesbianas, con repetición del icono del arco iris, una diversa colección publicitaria de sitios de feministas donde incluso podemos encontrar un periódico digital feminista, promoción de anticonceptivos artificiales y del aborto, erradicación y desprestigio de las tradiciones, etc. Son páginas que, sin tener que ver con la Educación Primaria, muestran simplemente las opiniones de algunos colectivos pero sin fundamentación seria.

 

 

Segunda parte: del material para el alumno.

 

El librillo que se reparte a los alumnos muestra ideas similares a las que posee el Libro del Profesor pero con otro tipo de ejemplos. Con un lenguaje subliminal, va preparando el camino para que los niños acepten en los próximos niveles escolares la igualdad plena que deriva por ejemplo en la aceptación de uniones homosexuales; en repetidas ocasiones se habla de pareja o expareja, pero nunca de cónyuges; se equipara la tradición con el totalitarismo, etc. El estilo utilizado hace que el documento parezca inofensivo, pero con una esmerada lectura entre líneas, se vislumbra el estilo que los tradicionales movimientos feministas desean para la población. Con ese lenguaje lleno de eufemismos, se va trabajando la mente de los niños para que acepten una serie de ideas que van, directa o indirectamente, contra la Doctrina de la Iglesia.

 

Nuevamente se repite una y otra vez, de una manera enfermiza, niño y niña, compañero y compañera, alumnos y alumnas, incidiendo compulsivamente en la diferencia para apologizar reiteradamente sobre la igualdad.

 

Se vislumbra que el panfleto ha sido hecho por personas y con motivos reivindicativos más que con una finalidad educativa.

 

Ciertamente, no hace falta explicar lo que es intuitivo: que el hombre y la mujer son diferentes y que poseen la misma dignidad, como ha señalado repetidamente la Iglesia Católica.

 

Lo que sí deben hacer los colegios es educar ciudadanos para la EpC. Es decir: las papeleras no se rompen, las botellas tampoco, las calles no se ensucian, en el suelo no se escupe, los autobuses no se incendian y los espejos retrovisores no se destrozan. Y eso vale para ellos y ellas, que son distintos pero con estas mismas obligaciones. Citemos alguna idea concreta:

 

Tenemos que tener normas de convivencia y funcionamiento para que los intereses particulares no perjudiquen a los intereses generales.  Si los intereses generales van contra el mínimo que impone la Ley Natural, esta premisa no tiene por qué ser cierta ni ser aceptada. (Página 42 del cuaderno del alumno)

 

Hay que saber que las tradiciones y costumbres son un tipo de normas no escritas y que vienen de otros tiempos. Por el contrario las leyes son normas escritas y conocidas, que se han aprobado o se reforman democráticamente por representantes de las personas con derecho a voto. Quieren dar a entender que todo lo que viene de la tradición, como no ha pasado por el tamiz de la democracia, no tiene ningún valor moral, ni de ningún otro tipo. Sin embargo, nada es más inestable que las manipulaciones a las que nos acostumbra la Democracia, ¿cómo puede demostrarse que la mitad más uno es garantía de la Verdad y del Bien? (44)

 

En todos los lugares donde transcurre nuestra vida hay normas y éstas pueden ser externas e internas. Tanto las normas externas como las internas tienen que contener los principios democráticos de Igualdad, Libertad, Justicia y Respeto a la dignidad de cada persona, sin que importe la edad, el sexo, las creencias, el origen, el aspecto físico y la capacidad o discapacidad. Todo esto lo recoge nuestra Constitución. Las familias actuales en España tienen que funcionar dentro de los principios que hemos nombrado antes. Las obligaciones o derechos que tienen que regir las familias, los matrimonios o las parejas, deben basarse en principios como la Igualdad, Libertad, Justicia y Respeto a la dignidad, tanto para las personas adultas como para las menores. Se presenta la Democracia como la panacea de la sociedad actual. Todo lo arregla, y para todo tiene respuesta. Hasta en la familia, lo que debe reinar es la democracia y sus valores, en detrimento de los verdaderos valores que proporciona el Amor a Dios. Cabe decir que las obligaciones o derechos que tienen que regir las familias y los matrimonios deben basarse en el Amor, en la Caridad. El citar a las parejas es otro aspecto más que sugiere la normalidad de las mismas, cuando un católico no debe perder de vista que la pareja debe tener la Bendición de Dios en el Matrimonio, formado por un hombre y una mujer. (44)

 

Bienes comunes también son los simbólicos (la educación o los valores democráticos), los culturales (las obras artísticas, científicas, musicales, los monumentos o los libros), los patrimoniales de uso público (hospitales, centros de salud, museos, casas de cultura, oficinas de atención al público, centros educativos, transportes públicos, etc.) o los ambientales (el paisaje, el aspecto de calles y plazas, las aguas, los aires, etc.). ¿Y los valores que nos vienen de la tradición, sean folclóricos o religiosos? ¿Dónde los dejamos? (53)

 

Pero, una vez más, los mensajes sociales con los que crecemos y nos educamos son muy distintos para niñas y para niños. Muchos chicos y hombres han sido educados para soñar con ser superman sin que ningún peligro les afecte y por eso corren riesgos inútiles, por puro entretenimiento como, por ejemplo, conducir a una velocidad superior a la permitida, conducir por la izquierda o en dirección contraria, hacer caballitos por las calles, no respetar los semáforos en rojo, atravesar un río revuelto, adentrarse en el mar cuando hay bandera roja, escalar una cumbre con malas condiciones climatológicas, pelearse, beber en exceso, fumar cualquier cosa, etc. Así, muchos de ellos pierden la vida o la calidad de vida. Es éste un párrafo ciertamente idiota cuya autora es mejor que se quede en el anonimato. Justamente, es más creíble que el que hace caballitos con la moto, conduce peligrosamente o pone en riego su vida o la de los demás es en gran parte por la pérdida de valores de la sociedad actual, educación deficiente o quizá mal orientada, etc. Además es falso que muchos chicos y hombres hayan sido educados para eso. ¿Lo saben las autoras por experiencia o se lo han contado? No conocemos ningún centro de enseñanza, ni público ni privado, ni ninguna familia que eduquen así. A lo mejor, la culpa la tienen las películas que se promueven en las actividades extraescolares, como “LOL” u otras. (57)

 

Pero eso puede ser diferente si nos lo proponemos. Para ello es importante que los chicos aprendan a cuidarse y a protegerse y que aprendan a trabajar por su seguridad y su integridad ellos mismos, uno a uno y colectivamente, para que no esperen de las chicas y mujeres de su vida que los cuiden cuando les pase algo. Por otra parte, gran número de chicas y de mujeres han sido educadas desde la inseguridad, lo que las impide defenderse de algunas relaciones o situaciones peligrosas, donde pueden sufrir abuso, como por ejemplo con una pareja violenta o también cuando tienen una exigencia excesiva para realizar trabajos de cuidados o domésticos que las agotan o las enferman, como es el caso de las madres o las hijas de personas dependientes. Para muchas de ellas la inseguridad está en su propia casa, en su propio ambiente conocido, pues en realidad están inseguras muchas veces, incluso rodeadas de sus llamados “seres queridos”, que a veces las perjudican o abusan de ellas. El abuso está presente en las vidas de muchas niñas, de muchas jóvenes y de muchas mujeres de todas las condiciones, clases y edades, así es que ellas deben de aprender en el colegio a protegerse y defender su seguridad y, si el caso lo requiere, aprender a denunciarlo. Tanto las chicas como los chicos tenemos que aprender a autoprotegernos y a defender nuestra propia seguridad personal. Por ejemplo, respecto a la movilidad vial, los niños sobre todo, tenemos que aprender a vernos como posibles víctimas de atropellos, choques o accidentes provocados por la propia imprudencia de otras personas, para que no nos creamos supermanes, y para que aprendamos a autocuidarnos. Hacemos el mismo comentario que para el párrafo anterior, los chicos brutos y borrachos y las chicas sumisas e inseguras. (57)

 

 

Tercera parte: del cuaderno de tareas.

 

En este cuaderno de ejercicios, se consideran temas que nuestros hijos no están capacitados para entender, no siendo todavía el momento de que los traten, pues no están en la edad de asimilar los conceptos que ahí se explican.

 

Con la idea de comprobar y afianzar el adoctrinamiento presente en los libros del profesor y del alumno, las primeras páginas parecen suaves y utilizan un lenguaje subliminal y eufemista, luego se profundiza en ideología de género y se pretende que todos asuman el pensamiento único. Leamos algún ejercicio propuesto a los alumnos:

 

Inventad una situación de conflicto sexista familiar, escolar, deportivo, social, etc. y un diálogo en el que se resuelva el conflicto de forma asertiva, sin daño para nadie. Se intenta eliminar el concepto de sexo e introducir la ideología de género, presentando la idea de que cualquier conflicto que aparezca en el entorno familiar (una discusión entre los padres o entre los hermanos) posee un enfoque negativo y sexista. (Página 10 del cuaderno de tareas)

 

A una compañera y amiga de clase no le permiten en casa que salga con nosotras o con un grupo mixto, o que se vista de cierta manera. Si hace estas cosas la castigarán mucho. ¿Qué le diríamos y qué haríamos para que continuara siendo nuestra amiga? De forma implícita se pretende afear la actitud de los padres cuando marcan normas a los menores, ya sea seleccionando las compañías que creen adecuadas para sus hijos o las pautas de decoro en el vestir. Con este tipo de tareas, saldrán a la luz, en el colegio, asuntos propios de la intimidad familiar para ser, con toda seguridad, criticados. Los alumnos que sufren esta “opresión” en sus casas se verán apoyados por sus compañeros, y quizá por el profesor, adquiriéndose una fuerza mayor para revelarse contra los padres. (10)

 

Dibujar una chica y un chico con un “uniforme de género”, y a esa misma chica o chico con otro “uniforme” más personal. También se puede hacer en forma de collage o de viñetas con “bocadillos”. Les ponemos a los dos modelos el rótulo: “con identidad de género”, “con identidad personal” respectivamente. Se repite de forma reiterada la palabra género y se intenta identificar la natural forma de vestir de chicos y chicas con algo rígido y contrapuesto a otras modas “personales”. (11).

 

Imagina, con viñetas o con una redacción cortita, una vida adulta de una joven con fuerte identidad femenina y de un joven con fuerte identidad masculina y que se emparejan para vivir juntos. Ambos trabajan fuera de casa. ¿Están bien? ¿Podrían estar mejor? Se plantea lo femenino y masculino (que es lo natural) como algo negativo, con el fin de dar paso a conceptos de género propios de esa ideología que es no universal y por lo tanto cuestionable. Por otro lado se repite la idea de emparejarse para vivir juntos en lugar de casarse para vivir juntos, con lo que la normalidad de vivir en pareja sin la unión del vínculo matrimonial se va afianzando a la vez que el matrimonio se va relegando. (11)

 

¿Cómo explicarías con tus palabras la identidad personal y la identidad de género? ¿Podríamos inventar otros modelos humanos? ¿Tendrían ventaja para las nuevas generaciones? Pon dos ejemplos al menos. Con la colaboración de toda la clase, ir escribiendo en la pizarra dos columnas en forma de “tormenta de ideas”: una con las diferencias corporales entre mujeres y hombres y la otra con las coincidencias corporales. ¿Qué columna es mayor, la de las diferencias o la de las coincidencias? En éstas páginas sería cuestionable prácticamente todo. Abunda en ideología de género e intenta imponerse en las actividades que dan vueltas a este tema, llegando incluso a forzar un cambio de papeles (niños que hacen de niñas y niñas que hacen de niños) que pueden fomentar equívocos en la conducta o incluso agresiones de tipo psicológico a aquellos niños que sientan vergüenza o simplemente no quieran y se les obligue a ello. Con el asunto de las diferencias corporales, y visto el atrevimiento de muchos maestros, el valor del pudor queda también arrinconado, ya que pueden mostrarse los cuerpos de niña y niño para ayudar en esa búsqueda de diferencias que, además, se queda sólo en el aspecto físico. Como si las diferencias genéticas fueran semejantes a las del color del pelo o de los ojos, y no tuvieran ninguna importancia determinante y natural en la personalidad del individuo. (12 y 13)

 

¿Qué discriminaciones entre hombres y mujeres conoces? ¿Se producen sólo en algún ámbito concreto de la vida, o en muchos de ellos? Esto mismo ¿ocurre con otras discriminaciones: raciales, clasistas, por discapacidad, por origen, etc.? En estas páginas se aborda el tema de la “igualdad” entre hombre y mujer, sobre todo buscando minimizar las diferencias de que nos ha dotado la Naturaleza e incluso olvidarlas, para que sólo quede el género como concepto a tener en cuenta. Es una realidad constatable que lo que existen son hombres y mujeres (macho y hembra) que son igualmente respetables en cuanto que son personas, pero claramente diferentes en sensibilidad, habilidades, fortaleza física, etc. La inteligencia, como señalan diversos experimentos científicos que quieren hacer suyos las feministas, no es patrimonio de uno de los sexos y, evidentemente, hay personas válidas para puestos de dirección en cualquiera de los sexos. (14 a 17)

 

Busca en Internet “Los Objetivos del Milenio” de la ONU y copia en un panel (de papel continuo o de corcho, con cartulinas o fichas de papel), los que se refieren a la educación y a la Igualdad entre mujeres y hombres o niñas y niños. Conviene recordar que el quinto objetivo del milenio es mejorar la salud materna, que aunque esto es deseable, se propone para ello el uso de anticonceptivos y modelos de planificación familiar. El sexto objetivo es combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, que vuelve a ser algo deseable pero que justifica, falsamente, el uso de preservativos. (20)

 

Poned ejemplos de discriminación y marginación. Aquí ponemos cinco posibles causas y tenéis que añadir otras cinco, además de sus consecuencias.

 

 

VER TODOS LOS INFORMES

Efectivamente, el Consejo de Estado insta al Gobierno a modificar el artículo 3 (principios y ámbitos de aplicación de la norma) y el artículo 17 (contenido de la información previa al consentimiento de la interrupción voluntaria del embarazo), si quiere evitar la inconstitucionalidad de la norma. Así, el Consejo recuerda que el Anteproyecto no garantiza una información objetiva y personalizada a la madre gestante. De igual forma, el Consejo de Estado recuerda al legislador, que el anteproyecto tal y como está redactado conculca lo afirmado por el Parlamento Europeo, al exigir este que “cuando se facilite asesoramiento sobre el aborto tendrá que hacerse referencia a los riesgos físicos y psíquicos del aborto para la salud y se estudiaran otras alternativas (adopción, posibilidad de ayudas en caso de discapacidad,  etc.)”.

Pero el Consejo de Estado va mucha más allá, pues de manera artera, desmonta todos los caballos de batalla defendidos por los que apoyan la ampliación del aborto, a saber:

1.    En España no se realizan aborto fuera de los centro autorizados (el Consejo se apoya en los datos del Ministerio de Sanidad y Política Social).
2.    El Consejo afirma de forma clara y categórica que en España no se aplican en ningún caso penas privativas de libertad a las mujeres abortistas. Es decir, que es falso que las mujeres ingresen en prisión tal y como se hace creer por algunos.
3.    El problema real de la regulación del aborto ha sido la laxa aplicación de la misma, aplicación laxa provocada por el desinterés de los diferentes gobiernos.
4.    El Consejo advierte del riesgo cierto a que la nueva legislación se aplique de forma igualmente laxa, si no se dota a la Administración sanitaria de los medios personales y materiales precisos, y si no se implantan concretas políticas educativas y presupuestarias.
5.    El Consejo denuncia de igual forma el secretismo en el trámite administrativo del Anteproyecto, pues opina que hubiera sido necesario que en el expediente administrativo se hubiesen incorporado las transcripciones de las comparecencias de los diferentes colectivos ante la Subcomisión Parlamentaria.
6.    El Consejo advierte al legislador de la deficiente técnica legislativa, al no incluir una correcta Memoria Económica. El Consejo de forma certera, advierte la incoherencia al afirmar que la ley no tendrá impacto económico alguno, cuando prevé prestaciones sociales, nuevas actuaciones administrativas, nuevos materiales docentes y la necesidad de acudir al personal profesional especializado para su puesta en práctica. Es decir, la falta de Memoria Económica, denota que esta ley se aprueba por motivos ideológicos, y como pretexto a un mayor enriquecimiento de las clínicas abortistas.
7.    El Consejo advierte que la falta del informe del Consejo General del Poder Judicial, priva al poder legislativo de un importante elemento de juicio.
8.    El consejo refuta la mentira mantenida por el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Sanidad, al afirmar repetidamente que los Estados de nuestro entorno, poseen legislaciones más permisivas. Efectivamente, el Consejo de Estado cree conveniente reconsiderar el plazo fijado en el artículo 14 del texto y fijarlo en 12 semanas en vez de las 14 previstas, pues este es el plazo que nos homologaría con los Estados de nuestro entorno.
9.    El Consejo de Estado ya advierte que la tendencia en los países desarrollados es a reducir los plazos más largos, como el ejemplo británico demuestra. Igualmente, el Consejo advierte de la posibilidad de reducir dicho plazo si así lo aconsejan los avances médicos en la materia.
10. Igualmente, se denuncia que la regulación de los comités clínicos, supone un ataque a la libertad de expresión, y a la libertad ideológica y de pensamiento. El Consejo advierte que la regulación de los comités clínicos es una norma discriminatoria por razón de opinión.
11. Se denuncia de igual forma, la deliberada voluntad del legislador de no llamar a las cosas por su nombre. Así, el artículo 15 habla de interrupción por causa médica, cuando debería hablar de aborto eugenésico, aunque esta palabra nos lleve a asociar la actual ley, con las normas eugenésicas propugnadas por el régimen nacionalsocialista alemán en los años 30, de tan nefastas consecuencias para la civilización.
12. El Consejo refiere lo inadecuado de una información meramente escrita a la madre gestante, por el peligro de ser incomprensible para esta, y no estar adaptada al caso concreto. El Consejo recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de noviembre de 2006, donde se establecer que “en ningún caso el consentimiento prestado mediante documentos impresos carentes de todo rasgo informativo adecuado sirva para conformar debida y correcta información.”
13. En cuanto al consentimiento de la gestante menor, el Consejo es claro al propugnar que se reconozca a los padres el derecho a ser informados de la petición de su hija de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo.
14. En su dictamen, igualmente se recuerda al legislador que la objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocida en el artículo 16.1 de la Constitución.
15. El Consejo opina que no se regula correctamente la responsabilidad penal de quién sin acreditación profesional sanitaria alguna participara directamente en un aborto ilegal, pues dicha circunstancia se pena más levemente, que el supuesto de concurrencia en un aborto ilegal de un profesional médico. Con ello, se incita penalmente a la práctica del aborto por personal no sanitario, con grave riesgo no sólo para el feto, sino para la mujer abortante.
16. El propio Consejo, denuncia que la norma se ha convertido en un manifiesto ideológico. Efectivamente, la retórica normativa usada en el anteproyecto tiende a utilizar conceptos polémicos que expresan valores cargados de afectividad.
17. El Consejo acusa al legislador de falta de lealtad a las normas y declaraciones internacionales. El Consejo de Estado advierte que las normas internacionales deben ser citadas en su integridad, expresando claramente su autoría y sin atribuirles una autoridad distinta a la que realmente tienen, pues se citan declaraciones internacionales, sin efectividad jurídica, como la Plataforma de Beijing, que no fue acordada por los 186 Estados que asistieron a la Conferencia, sino que 65 de ellos, entre los que se encontraban los más importantes y cercanos a nuestro entorno, formularon reservas a la declaración final.
18. Por último, el Consejo considera que, en la elaboración del anteproyecto, no se ha tenido suficientemente en cuenta la experiencia comparada aunque sean reiteradas las referencias genéricas a la misma.

Es decir, de todo el informe cabe deducir que, en primer lugar, el Consejo de Estado condiciona la constitucionalidad de la norma, a una correcta educación sexual y a una correcta información a la madre gestante, pues si falta esta información, no se estaría protegiendo adecuadamente el superior derecho constitucional a la vida, y no se estaría tutelando adecuadamente el bien jurídico protegido que es el nasciturus. En segundo lugar, de dicho informe cabe colegir que el Consejo de Estado opta por la vía de los hechos, por modificar completamente el anteproyecto de ley, pues de los 23 artículos, solo el artículo 1 y el 7, se salvan de las observaciones del estilete del Consejo de Estado. De igual forma, tanto la exposición de motivos, como la disposición adicional única, como la disposición final primera, son criticadas por el Consejo de Estado.

Por ello, ante el desfavorable informe del Consejo de Estado, el desfavorable Informe del Consejo Fiscal, el desfavorable Informe de la Agencia Española de Protección de Datos, la ausencia de Informe del Consejo General del Poder Judicial, el ideologizado informe del supuesto “Comité de Personas Expertas”, el deficiente expediente administrativo, la ausencia de una verdadera Memoria Económica, y ante la casi unánime desfavorable acogida de este anteproyecto de ley en el mundo jurídico (manifiesto de los Juristas ante el Proyecto de Ley de Aborto Libre), este Centro Jurídico se ve en la necesidad de solicitar la inmediata retirada del citado Anteproyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

 

---

1. Consideraciones previas.

No es nueva la polémica sobre la licitud o ilicitud del aborto, ni es nueva la defensa de posiciones ideológicas, alejando intencionadamente el debate del terreno jurídico. Efectivamente, eliminado las polémicas surgidas entre teólogos, políticos, grupos feministas y sociólogos, nuestro Centro Jurídico pretende revisar la licitud o ilicitud de la despenalización del aborto desde una perspectiva jurídica.

Ahora bien, a este Centro Jurídico no se le escapa que en un debate eminentemente jurídico sobre el derecho a la vida, el libre desarrollo de la personalidad, y el derecho a la libertad, los valores sociales han de estar presentes, pero no por ser conceptos metajurídicos, sino por formar parte de nuestro ordenamiento .

Desde la perspectiva jurídica es por tanto obligado recordar que es potestad y deber del Estado, y fundamento del Estado de Derecho, velar por la integridad física, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Para cumplir ese deber estatal el Estado de Derecho ha de proporcionar tanto al poder ejecutivo, como al poder judicial, las herramientas básicas para su defensa, siendo la principal de estas herramientas la legislación y las normas jurídicas.

Por todo ello hemos de partir de doble consideración:

a.- Consideración legal, integrada por todos aquellos preceptos aplicables.

b.- Consideración sociológica. Integrada por todos aquellos valores que configuran la sociedad actual y que se integran en el derecho a través de la mención como fuente del derecho de los Principios Generales del Derecho.

Sin embargo, desde hace 20 años, los poderes públicos están haciendo dejación de sus funciones en el caso de miles de sus ciudadanos que no tienen aún capacidad de ejercer sus derechos y que, por tanto, necesitan especial protección de su parte. Se trata de los ciudadanos que viven en el seno de sus madres por motivo de su formación y preparación para integrarse en el mundo exterior. Estos miles y miles de ciudadanos están siendo vilmente discriminados y destruidos so pretexto de una ley injusta, ilegítima y, más aún, fraudulenta en el 98% de los casos. Y todo ello con conocimiento y consentimiento de los poderes públicos y al margen de la voluntad expresa de un 52% de la población que, ya en el año 2001, declaraba tener «poca o nula tolerancia con el aborto» (Barómetro del CIS de diciembre 2001). Esto vulnera la esencia misma del Estado de Derecho y las conciencias de millones de personas.

2.- Consideración legal, integrada por todos aquellos preceptos aplicables.

Artículo 15 de la Constitución Española: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas de tratos inhumanos o denigrantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Sin duda alguna el derecho a la vida reconocido como Derecho Fundamental en nuestra carta magna, es a la vez el precepto legal clave para justificar la ilegalidad del aborto provocado. El avance del reconocimiento de la vida como derecho capital, es evidente en las legislaciones de los diferentes estados occidentales que a lo largo de los siglos XVII y XIX, fueron regulando dicho derecho en sus respectivas legislaciones estatales. De esta forma el históricamente vulnerado derecho a la vida, encontraba un respaldo legal de primer orden.

Art. 29 del Código Civil Español: El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente.

Conforme a la legislación española y a la jurisprudencia de desarrollo podemos entender el aborto como la muerte maliciosa de un feto bien cuando se le priva de la vida intrauterina, dentro todavía del claustro materno, bien cuando se llega al mismo fin con el empleo de medios que provoquen la expulsión prematura, produciéndose la muerte en el exterior por falta de las condiciones de viabilidad.

La definición que se haga de lo que sea el aborto, lleva implicito el debate sobre el bien constitucional protegido, es decir, el bien jurídico protegido.

Desde hace años, las Comunidades Autónomas se han erigido en subsidiarias de la potestad de los padres sobre la vida y seguridad de sus hijos menores. Por ello se realizan políticas de acogimiento y adopción de niños que la Comunidad considera están siendo desatendidos o agredidos por sus padres. Sin embargo, la mayor agresión a los descendientes de produce, claramente, en el caso de los hijos no-deseados, que en gran número acaban siendo abortados. No obstante, en este caso las Comunidades y los poderes públicos en general abjuran de sus obligaciones, facilitando incluso el asesinato de los niños en gestación con dinero de los contribuyentes, la mayoría de ellos contrarios a tal práctica aberrante. Más aún, es público y notorio que la gran mayoría de estos abortos son fraudulentos e ilegales, lo que hace al Estado culpable por omisión. Todo ello es un escándalo sin precedentes que cada año causa unas 100.000 muertes y gravísimas e incalculables secuelas físicas y psíquicas a los progenitores de los niños abortados.

3. Procedimiento actual de adopción.

a. Antecedentes históricos.

Desde muy antiguo todas las civilizaciones establecieron medidas de protección de los menores. Sin embargo, fue Roma la que por vez primera reguló un sistema de protección para niños abandonados, pues en la época de los emperadores hispanos Trajano y Adriano (c. 100 d.C.) se instituyeron las hojas de asistencia. Éstas tendían a sufragar las necesidades vitales de los menores. Años después, en el imperio de Constantino, año 315, y por influencia del cristianismo, se crearon las primeras instituciones de protección de menores.

Igualmente fue Roma la primera en establecer un sistema reglado de adopción que tenía como fundamente una finalidad religiosa: para garantizarse descendencia que cumpliera con la obligación del culto doméstico a los antepesados. Esto no impedía que hubiera otra serie de finalidades en la misma, ya fueran políticas, sociales, económicas, etc.

En la Edad Media, y por influencia del Cristianismo, tanto la defensa de los menores como la adopción en particular experimentan cambios esenciales.

 

b. Regulación española.

Actualmente, en España la adopción tiene por su propia naturaleza carácter permanente, si bien no fue así siempre. Se configura como una institución que tiende a garantizar el interés del menor a través de la intervención pública. En principio, y salvo casos excepcionales, la adopción extingue el vínculo del adoptado con sus padres biológicos.

Para proceder a la adopción deben transcurrir en cualquier caso 30 días desde el nacimiento. En el caso de que los padres sean conocidos, para que muestren su conformidad a la adopción y, para el caso de no ser conocidos y haber sido abandonado el menor para que su madre lo reclame.

La tramitación para poder realizar una adopción es compleja. Esta puede iniciarse directamente en los Servicios de Protección de Menores de la Comunidades Autónomas o ante el Juez. En el primer caso será el órgano autonómico correspondiente quien, después de reunir diversa documentación y mantener entrevistas con los solicitantes, deberá expedir un certificado de idoneidad de los adoptantes. Si este es positivo se iniciará el expediente de propuesta previa de adopción.

Si el proceso se inicia directamente ante la autoridad judicial no será necesaria esta propuesta previa. Sin embargo, el acceso directo al órgano judicial está limitado sólo a ciertos supuestos:

I. Cuando se adopte un niño huérfano y pariente de tercer grado por consanguinidad o afinidad.

II. Cuando el menor lleve acogido legalmente por el adoptante durante más de una año o haya permanecido durante este mismo tiempo bajo su tutela.

III. Cuando se trata de la adopción del hijo del cónyuge

IV. Cuando el adoptado es mayor de edad o menor emancipado.

4. Propuesta de nueva regulación.

a. Razones de la propuesta

La propuesta que más abajo se indican parte de varios presupuestos:

1. que las mujeres que solicitan un aborto lo hacen por un sentimiento de discapacidad para sacar adelante la vida de un hijo;

2. que ante esta discapacidad no reciben la necesaria ayuda ni información del Estado;

3. que optan por eliminar la fuente de su sensación de discapacidad: su hijo;

4. que este comportamiento criminal es claramente contrario a la ley e injustificado dentro de los supuestos de despenalización del aborto y no puede ser tolerado por el Estado;

5. que el Estado, pues, debe asumir la potestad de los padres sobre ese hijo que va a ser maltratado y agredido hasta el extremo de su eliminación física;

6. que los poderes públicos deben tutelar a ese niño en régimen de acogimiento durante su gestación, y, en caso necesario, en régimen de adopción después de su alumbramiento, si los padres siguen sintiéndose discapacitados o desmotivados para asumir su cuidado y educación.

7. que los poderes públicos deben, pues, sufragar los gastos que la vida de ese niño requiera, durante su etapa de gestación, asistiendo a su madre en sus necesidades vitales.

8. que tras su alumbramiento, deben gestionar la adopción de ese niño por personas idóneas, que esperan desde hace años en largas listas de espera poder adoptar un niño.

b. Finalidad de la propuesta

La propuesta que a continuación se hará, cumplirá una quíntiple función:

1. Salvar la vida de un niño indefenso e inocente,

2. salvar a sus progenitores del Síndrome Post-aborto (ver www.nomassilencio.com),

3. acabar con la mafia del aborto y el ingente dinero negro que mueve, explotando a las mujeres y matando a sus hijos;

4. dar un servicio a miles de parejas que desean adoptar un hijo y deben hacerlo por otros medios mucho más costosos y traumáticos; y por último,

5. exonerar al Estado español y a las autoridades de las Comunidades Autónomas de la responsabilidad que actualmente tienen en la masacre diaria de niños indefensos.

c. Propuesta de modificación legislativa

Con respecto al marco jurídico vigente, debe citarse como legislación aplicable el artículo 148.1.20 y el artículo 20.4, en los que se establece las competencias de las Comunidades Autónomas con respecto a la Asistencia Social, y la obligatoriedad de la protección de la juventud y la infancia; la «Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas», de 20 de noviembre de 1989, ratificado por España el 30 de noviembre de 1990; el «Convenio de la Haya relativo a la Protección del Niño y a la cooperación en Materia de Adopción Internacional», de 29 de mayo de 1993, ratificado por España mediante Instrumento de 30 de junio de 1995; y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

El presente marco jurídico necesita de una modificación que permita que en caso de que una mujer embarazada no quiera hacerse cargo de su hijo pueda optar por otras medidas alternativas al aborto, cual pudiera ser la adopción con determinadas especialidades.

En primer lugar, habría que modificar el actual régimen de Acogimiento para facilitar la creación de programas de Acogimiento Familiar (AF) específicos para mujeres con embarazos no-deseados, agilizando el procedimiento de la adopción nacional de modo que permita:

1. Establecer un contrato de Acogimiento Familiar entre las partes (madre biológica y padres adoptantes) en el que la Administración participaría únicamente como supervisora o tutelar. Así las CCAA supervisarían el contrato de acogimiento por medio de su sistema de protección. Al mismo tiempo darían ayudas a la madre gestante durante su embarazo, como lo dan a los menores tutelados y a las familias acogedoras durante el periodo previo a la adopción/ratificación de la madre.

2. Posibilitar que las madres biológicas que lo deseen puedan contactar previamente con las familias adoptantes preseleccionadas por la Administración.

3. Posibilitar que puedan asimismo mantener contacto con los adoptantes después de la adopción para saber cómo está su hijo (previo acuerdo pre-adopción con los adoptantes) y siempre salvaguardando el interés del menor. Sería la reintroducción en nuestro derecho del antiguo sistema de adopción plena y menos plena, si bien reservado sólo para estos casos.

4. Posibilitar que las mujeres puedan optar sólo por el Acogimiento temporal en lugar de la Adopción si su incapacidad es transitoria.

En ese caso, la madre renunciaría a la guarda y custodia pero no a la patria potestad, y podría recuperar a su hijo posteriormente.

Para ello, evidentemente, habría que modificar, principalmente, la Ley de 1985, que obliga al Estado a salvaguardar el derecho del menor a conocer sus orígenes a partir de los 16 años, pues esto inhibe a las madres a la hora de darlo en adopción, pues no pueden desvincularse de él. Esta ley es discriminatoria por cuanto no se aplica a los niños fruto de la reproducción asistida, y se contradice en que no obliga a conocer al padre. También en que el registro del niño se hace sólo a nombre de la madre, aunque ésta necesita el permiso paterno, si es menor de edad, para darlo en adopción… cosa que no se le exige para someterse un aborto ni para la PDD. Este derecho del menor no existe en otros países, como pudiera ser en Suiza. Su supresión en casos en los que la madre quiera optar por el aborto supondría salvar numerosas vidas. Por eso, aun entendiendo que pudiera haber un conflicto de principios o derechos, estimamos que este eventual conflicto debiera resolverse a favor del Derecho a la vida, fundamento del resto de derechos.

Del mismo modo habría que suprimir las reiteradas ratificaciones ante el juez que debe hacer la madre donante. Por orden judicial puede tener que ratificarse más de una vez. Es necesario una reforma para que haya un plazo suficiente para reafirmarse y una vez hecho, sea definitivo. Así se evitarían situaciones irregulares como las existentes actualmente, ya que en numerosas ocasiones las madres dan un nombre falso y se van del hospital en cuanto dan a luz para evitar estos trámites. Del mismo modo se evitarían los cada vez más corrientes abandones de reciente nacidos en la vía pública, que por desgracia en numerosas ocasiones acaba en la muerte del menor.

En Madrid, a 20 de noviembre de 2006, Día Universal de la Infancia.

---

COMPRAR INFORME JURÍDICO                        VER EN PDF

Conclusiones provisionales del informe política y subvención

 

Hoy presentamos un avance de las conclusiones del informe “Política y Subvención”; más exactamente, presentamos un extracto del subepígrafe Fundaciones Políticas y Subvenciones.

    Es tradición que una vez al año, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, conceda subvenciones a Fundaciones y Asociaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito estatal, para la promoción de actividades de consolidación y reforzamiento de las democracias, así como para la consolidación de los sistemas de partidos políticos.

            Ahora bien, es dudosa que las cuantiosas cantidades sirvan a dicho fin.

            Efectivamente, aparentemente parece ser poco democrática su concesión, por cuanto se impide su acceso a todo partido político que no tenga representación parlamentaria, o a toda Fundación, que aún teniendo por objetivo la defensa de los principios democráticos, no esté vinculado a un partido político con representación parlamentaria.           

Basta rastrear el Boletín Oficial del Estado para responder a esta pregunta. Pongamos ejemplos:

 

AÑO 2008

La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, a tenor de lo dispuesto en la Resolución de 4 de abril de 2008, por la que se convocan subvenciones para fundaciones y asociaciones dependientes de partidos políticos con representación estatal (BOE de 17 de abril de 2008) ha resuelto conceder las siguientes subvenciones:

 

	Euros
FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales) (PP):
Programa para el fortalecimiento de las instituciones democráticas en los países en desarrollo	240.000
Programa para el fortalecimiento de los partidos políticos en los países en desarrollo	200.500
Programa para la defensa de los derechos humanos en los países en desarrollo	200.000
Programa para la promoción de reformas políticas y económicas en los países en desarrollo	170.000
Programa de divulgación de los valores de la cooperación internacional entre los países donantes	130.000
Total subvención propuesta	940.500
Fundación Pablo Iglesias (PSOE):
Programa de Fortalecimiento de Partidos Políticos I (Nicaragua, Colombia y Venezuela)	182.303,71
Programa de Fortalecimiento de Partidos Políticos II (Uruguay, Argentina, Chile y Guinea Ecuatorial)	255.836,76
Programa de Gobernabilidad Democrática y Reforma del Estado	74.338,83
Seminarios Internacionales	44.214,87
Conferencias, Encuentros y Jornadas	244.305,83
Total subvención propuesta	801.000,00
Fundación Jaime Vera (PSOE):
Programa de fortalecimiento de partidos políticos en Palestina	124.410
Seminarios sobre la cooperación descentralizada: objetivos de la cooperación española	68.340
Total subvención propuesta	192.750
Fundación Rafael Campalans (PSC-PSOE):
Proyecto de Formación para cuadros políticos de la Unión socialista de fuerzas populares (USFP) de Marruecos y de otras fuerzas de la izquierda marroquí	100.800
Fundación Ramón Rubial-Españoles en el Mundo (PSOE):
Formación Líderes Emergentes en América Latina	31.000
Fundació Ramón Trias Fargas (CDC):
Programa «El proceso de estabilización democrática de los Balcanes»	38.200
Sabino Arana Fundazioa (PNV):
Seminario «Europa-América Latina: un mundo en transformación» y Ciclo de Conferencias de Oriente Medio	33.900
Fundació Josep Irla (ERC):
Intercambio para el Fortalecimiento del Sistema Democrático Internacional	21.950
Fundación por la Europa de los Ciudadanos (IU):
Curso de verano «Proyecto Europeo, crisis, retos y desafíos». Seminario «Cambios en Cuba: ¿hacia dónde?	7.750
INEHCA (Institut D'Estudis Humanistics Miquel Coll I Alentorn) (Unió Democrática de Catalunya):
Movimientos populistas: fortalecimiento o jaque a la democracia	14.900
Nous Horitzons Fundació (ICV):
Construyendo Solidaridad: los jóvenes de Europa unidos por el intercambio humanitario y la solución política del conflicto	6.950
Fundación Galiza Sempre (BNG):
Encuentros Internacionales: Latinoamérica	10.300
Suma de propuestas de subvenciones a conceder	2.200.000

 

Firma: La Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez Ramos.

AÑO 2007

La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, a tenor de lo dispuesto en la Resolución de 19 de abril de 2007, por la que se convocan subvenciones para fundaciones y asociaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito estatal para la promoción de actividades de formación, consolidación y difusión del sistema democrático (BOE núm. 113, de 11 de mayo de 2007), ha resuelto conceder las siguientes subvenciones:

	Euros
FAES (Fundación para el análisis y los estudios sociales) (PP):
Fortalecimiento de las Instituciones democráticas	180.000,00
Fortalecimiento de los partidos políticos	210.000,00
Defensa de los derechos humanos	170.000,00
Promoción de reformas políticas y económicas	180.000,00
Divulgación de los valores de la cooperación internacional	144.550,00
Total subvenciones a FAES	884.550,00
Fundación Pablo Iglesias (PSOE):
Actividades de fortalecimiento de Partidos Políticos	498.450,00
Jornadas y seminarios internacionales	127.190,00
Total subvención Fundación Pablo Iglesias	625.640,00
Fundación Jaime Vera (PSOE):
Curso de formación sobre empoderamiento y liderazgo de mujeres en política	59.090,00
Seminario presente y futuro de los partidos políticos en América Latina	44.500,00
Seminario sobre formación de líderes emergentes	38.302,00
Seminario debate y reflexión sobre prevención de conflictos	17.850,00
Seminario Europa del Este	26.450,00
Integración de flujos migratorios de Europa del Este	37.000,00
Total subvención Fundación Jaime Vera	223.192,00
Fundación Ramón Rubial-Españoles en el Mundo (PSOE):
Tres seminarios de formación líderes emergentes españoles residentes en el extranjero, en EE.UU y en Cuba	65.845,00
Fundación Ramón Trias Fargas (CDC):
Programa: «El proceso de democratización en países en vías de desarrollo económico y político»	36.980,00
Sabino Arana Fundazioa (PNV):
Programa: «Un Plan para África»	36.000,00
Fundación Joseph Irla (ERC):
Intercambio para el fortalecimiento del sistema democrático internacional	40.532,00
Fundación Por la Europa de los Ciudadanos (UI):
Colaboración FISHARA 07, IV Festival Internacional de cine del Sahara	3.950,00
Encuentro el futuro de la Unión Europea: Perspectivas de la reforma Institucional y del tratado constitucional	12.940,00
Total subvención Fundación por la Europa de los Ciudadanos.	16.890,00
Nous Horitzons Fundació (ICV):
Conferencias, jornadas, intercambios, publicaciones con Magreb y Bolivia	10.246,00
Fundación Galiza Sempere (BNG):
Proyecto Encuentros Internacionales (África y Guatemala)	10.125,00
Suma de subvenciones concedidas	1.950.000,00

 

Firma: La Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín Iraola.

 

AÑO 2006

La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, a tenor de lo dispuesto en la Resolución de 23 de marzo de 2006, por la que se convocan subvenciones para fundaciones y asociaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito estatal para la promoción de actividades de formación, consolidación y difusión del sistema democrático (BOE núm. 85 de 10 de abril de 2006) ha resuelto conceder las siguientes subvenciones:

Fundación para el análisis y los estudios sociales (FAES) (PP):

Programa para el fortalecimiento de las instituciones democráticas en los países en desarrollo..

Programa para el fortalecimiento de los partidos políticos en los países de desarrollo.

Programa para la defensa de los derechos humanos en los países en desarrollo.

Programa para la promoción de reformas políticas y económicas en los países en desarrollo.

Programa de divulgación de los valores de la cooperación internacional entre los países donantes.

Total: 924.105 euros.

Fundación Jaime Vera (PSOE):

Seminario de debate y reflexión sobre la mujer marroquí: «Hacia la igualdad de género».

Seminario internacional sobre canalización de flujos migratorios entre países emisores y receptores.

Seminario en Santiago de Chile sobre presente y futuro de los partidos de izquierda en América Latina.

Seminario de debate y reflexión sobre prevención de conflictos y gestión de crisis.

Formación de líderes emergentes de latino-américa (Cuadros jóvenes del Exterior).

Total: 250.000 euros.

Fundación Pablo Iglesias (PSOE):

Actividades de fortalecimiento de Partidos Políticos en Perú, Chile y Uruguay.

Jornadas, encuentros y conferencias internacionales en Guinea Ecuatorial, Colombia y Argentina.

Seminarios y Foros Internacionales.

Total: 663.770 euros.

Fundación Trias Fargas (CDC):

Democracia i Societat Civil: 30.615 euros.

Fundación por la Europa de los Ciudadanos (IU):

Participación XIII Edición Seminarios Internacionales Cuba Europa Centro.

Celebración Seminario conjunto FEC-Universidad de La Habana: Perspectivas sociopolíticas continente americano.

Edición Libro Crisis hegemónica y crisis del neoliberalismo en América.

Jornadas debate: Perspectivas Constitución Europea.

Total: 16.965 euros.

Fundación Galiza Sempre (BNG):

Gobernar para transformar la dependencia. Derechos económicos, sociales y culturales y acción de gobierno en Galiza y Uruguay.

Intercambio con la URNG de Guatemala.

Total: 10.140 euros.

Fundación Josep Irla (ERC):

Intercambio par el fortalecimiento del sistema democrático internacional: 40.755 euros.

Fundación Nous Horitzons IpC-Els Verds):

Conferencias, intercambios, jornadas de trabajo y reflexión sobre problemática del Magreb, de Centroamérica y de Brasil: 13.650 euros.

Suma de propuestas de subvenciones a conceder: 1.950.000 euros.

Firma: La Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín Iraola.

 

AÑO 2005

La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, a tenor de lo dispuesto en la Resolución de 6 de julio de 2005 (BOE núm. 169 de 16 de julio de 2005) por la que se convocan subvenciones para fundaciones y asociaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito estatal, para la promoción de actividades de formación, consolidación y difusión del sistema democrático, ha resuelto conceder las siguientes subvenciones:

Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales: 910.000 €.

«Programa para el fortalecimiento de las instituciones democráticas en los países en desarrollo».

«Programa para el fortalecimiento de los partidos políticos en los países en desarrollo».

«Programa para la defensa de los derechos humanos en los países en desarrollo».

«Programa para la promoción de reformas políticas y económicas en los países en desarrollo».

«Programa de divulgación de los valores de la cooperación internacional entre los países donantes».

Fundación Pablo Iglesias: 631.000 €.

Proyecto «Liderazgo y Acción Estratégica» (Perú).

Proyecto «Democracia y Cultura Política» (Guinea Ecuatorial).

Proyecto «Liderazgos para la Gobernabilidad Democrática» (México).

Proyecto «Fortalecimiento de Partidos Políticos» (Venezuela).

Ciclo de Seminarios «Igualdad y Gobernabilidad Democrática» (Chile).

Jornadas «Justicia, Estado Social y Democrático de Derecho» (El Salvador).

Jornadas «Retos de la Gobernabilidad Municipal» (Paraguay).

Jornadas hispano-argentinas para la Gobernabilidad Municipal (Argentina).

Jornadas hispano-uruguayas para la Gobernabilidad Municipal (Uruguay).

Jornadas «Democracia y Libertades Fundamentales» (Guinea Ecuatorial).

Jornadas «Políticas de Juventud» (Brasil).

Gasto Personal.

Costes Indirectos de los programas.

Fundación Jaime Vera: 270.000 €.

Proyecto «Formación de Líderes Emergentes de Latino-América».

Proyecto «Relaciones entre la Unión Europea y Latino América. Fortalecimiento Democrático».

Proyecto «Democracia y Socialismo en España y Latino América».

Fundación Ramón Trías Fargas: 30.000 €.

Programa «Diversidad e identidad. Hacia una nueva perspectiva de los derechos humanos y de la convivencia en un mundo globalizado».

Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn: 24.000 €.

Proyecto «IV Encuentro Internacional de Fundaciones de Inspiración Democristiana y Humanista».

Fundación Europa de los ciudadanos: 23.800 €.

Participación en la XII Conferencia Internacional organizada por el Centro de Estudios Europeos (Cuba).

Seminario especializado Brasil-España «Gobierno Democrático y Globalización».

Jornadas Internacionales «Una solución para el Sahara».

Fundación Galiza Sempre: 15.000 €.

Programa «Intercambio y colaboración Internacional».

Fundación Josep Irla: 40.000 €.

Programa de fortalecimiento democrático, diversidad cultural y defensa de los derechos humanos en Ecuador-Bolivia-Venezuela.

Programa de fortalecimiento democrático, diversidad cultural y defensa de los derechos humanos en México y Chile.

Programa de fortalecimiento democrático, diversidad cultural y defensa de los derechos humanos en Argelia.

Fundació Nous Horizons: 6.200 €.

Programa de desarrollo comunitario con Brasil y Magreb.

Suma de propuestas de subvenciones a conceder: 1.950.000 €.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa.

Firma: La Secretaria de Estado, Leire Pajín Iraola.

 

AÑO 2004

La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, a tenor de lo dispuesto en la Resolución de 12 de febrero de 2004 (BOE núm. 41 de 17 de febrero de 2004) por la que se convocan subvenciones para fundaciones y asociaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito estatal, para la promoción de actividades de consolidación y reforzamiento de las democracias, ha resuelto conceder las siguientes subvenciones:

Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales ................. 876.900

 

Programa "Organismos internacionales e Iberoamérica. Lo hispano y lo español. Relaciones UE-ALCA".

 

Programa "Diálogos para la Integración Centroamericana".

 

Programa "Partidos políticos y regeneración democrática".

 

Programa "Fortalecimiento institucional y estabilidad

 

económica".

 

Programa "Cooperación Europa-Magreb. Europa ampliada".

 

Programa "Cooperación política en el nuevo orden mundial".

 

Programa "Publicaciones internacionales de FAES".

 

Fundación Pablo Iglesias ............................................................. 871.000

 

Proyecto "El proceso de descentralización en España y

 

Argentina: Análisis comparado".

 

Proyecto "Formación Política Chile".

 

Proyecto "Formación Política" (El Salvador).

 

Proyecto "Formación Política" (Paraguay).

 

Proyecto "Formación Política" (Perú).

 

Proyecto "Democracia, desarrollo y participación ciudadana".

 

Ciclo de conferencias, seminarios y encuentros sobre democracia y fortalecimiento institucional.

 

Proyecto "Dirección Política".

 

Proyecto "Liderazgo Político".

 

Proyecto "Las organizaciones políticas y las transformaciones sociales: Los Partidos Socialistas y las transiciones a la democracia".

 

Gastos de personal de los diez programas.

 

Costes indirectos de los diez programas.

 

Fundación Ramón Trías Fargas .................................................. 32.600

 

Programa "Los retos de la globalización".

 

Euros

 

Institut d'Estudis Humanistics Miquel Coll i Alerton .............. 16.300

 

Encuentro "El Humanismo y sus raíces: reflexiones para un nuevo milenio"

 

Fundación de Investigaciones Marxistas ................................... 31.000

 

Actividad "Encuentro Político en Porto Alegre".

 

Actividad "Procesos de transición democrática en Europa

 

Central y América Latina".

 

Organización de un taller en el XII Seminario Internacional de La Habana.

 

Actividad "Nuevos retos para la democracia en América

 

Latina y Europa. Una visión desde la izquierda".

 

Fundación Canaria 7 Islas ........................................................... 20.000

 

Proyecto "El papel de las instituciones territoriales y locales en la articulación y consolidación de la democracia".

 

Fundación Galiza Sempre ............................................................ 6.900

 

Proyecto "Programa de intercambio y colaboración internacional".

 

Fundación Josep Irla .................................................................... 41.900

 

Proyecto "Consolidación de relaciones con el Partido

 

Democrático Descentralista (PDD) y apoyo a la transición democrática en el Perú".

 

Fundación Gaspar Torrente ........................................................ 3.400

 

Proyecto "Organización de encuentros con las Comunidades Aragonesas de Cuba, Venezuela y Brasil".

 

Suma de propuestas de subvenciones a conceder ........ 1.900.000

 

 

Firma: La Secretaria de Estado, Leire Pajín Iraola.

 

 

Veamos algunos datos sistemáticos

               Con sólo ordenar algunos datos las conclusiones son elocuentes. Veamos:

 

 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

 

               Es necesario aclarar que trataremos conjuntamente las ayudas al PSOE, con las ayudas al PSC-PSOE.

 

-       Fundación Pablo Iglesias (PSOE):

o   2008: 801.000

o   2007: 625.640

o   2006: 663.770

o   2005: 631.000

o   2004: 871.000

o   TOTAL: 3.592.410

-       Fundación Jaime Vera (PSOE):

o   2008: 192.750

o   2007: 223.192

o   2006: 250.000

o   2005: 270.000

o   TOTAL: 935.942

-       Fundación Rafael Campalans (PSC-PSOE):

o   2008: 100.800

o   TOTAL: 100.800

-       Fundación Ramón Rubial-Españoles en el Mundo (PSOE)

o   2008: 31.000

o   2007: 65.845

o   TOTAL: 96.845

 

Total PSOE: 4.725.997

PARTIDO POPULAR (PP)

 

-       Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES)

o   2008: 940.500

o   2007: 884.550

o   2006: 924.105

o   2005: 910.000

o   2004: 876.900

o   TOTAL: 4.536.055

 

Total PP: 4.536.055

 

PARTIDO NACIONALISTA VASCO (PNV)

 

-       Sabino Arana Fundazioa

o   2008: 33.900

o   2007: 36.000

o   TOTAL: 69.900

 

Total PNV: 69.900

 

IZQUIERDA UNIDA (IU)

 

       Al igual que el PSOE, el caso de Izquierda Unida es especial, por cuanto las subvenciones se conceden a Fundaciones dependientes de diversas organizaciones políticas, aunque todas dependientes de Izquierda Unida.

 

-       Fundación por la Europa de los Ciudadanos (IU)

o   2008: 7.750

o   2007: 16.890

o   2006: 16.965

o   2005: 23.800

o   TOTAL: 65.405

-       Nous Horitzons Fundació (ICV)

o   2008: 6.950

o   2007: 10.246

o   2006: 13.650

o   2005: 6.200

o   TOTAL: 37.046

-       Fundación de Investigaciones Marxistas (PCE)

o   2004: 31.000

o   TOTAL: 31.000

 

Total IU: 133.451

 

UNIÓ DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA (UDC)

CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA(CDC)

 

-       Institut D’Estudis Humanistics Miquel Coll I Alentorn (UDC)

o   2008: 14.900

o   2005: 24.000

o   2004: 16.300

o   TOTAL: 55.200

-       Fundación Ramón Trias Fargas  (CDC)

o   2008: 38.200

o   2007: 36.980

o   2006: 30.615

o   2005: 30.000

o   2004: 32.600

o   TOTAL: 168.395

 

Total UDC, CDC: 223.595

 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

-       Fundació Josep Irla:

o   2008: 21.950

o   2007: 40.532

o   2006: 40.755

o   2005: 40.000

o   2004: 40.900

o   TOTAL: 184.137

Total ERC: 184.137

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)

-       Fundación Galiza Sempre

o   2008: 10.300

o   2007: 10.125

o   2006: 10.140

o   2005:15.000

o   2004: 6.900

o   TOTAL: 52.465

 

Total BNG: 52.465

CHUNTA ARAGONESISTA (CHA)

 

-       Fundación Gaspar Torrente

o   2004: 3.400

o   TOTAL: 3.400

 

Total CHA: 3.400

 

COALICIÓN CANARIA (CC)

-       Fundación Canaria 7 Islas

o   2004: 20.000

o   TOTAL: 20.000

 

Total CC: 20.000

 

 

Resumamos un poco

Las cantidades son considerables y la distribución compleja. Es mejor dar tres cifras para comprender las magnitudes:

Ayudas totales en los últimos cinco años (2004- 2008): 9.950.000 €

Destinados a partidos de izquierdas y nacionalistas: 5.413.945 €

Destinados a partidos de derecha: 4.536.055 €

 

¿Quién firma las ayudas?

            En los últimos años (2004 a 2007), las ayudas aparecen otorgadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, más exactamente por la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín Iraola. Las últimas ayudas concedidas (2008), aparecen firmadas por la nueva Secretaria de Estado doña Soraya Rodríguez Ramos.

¿Para qué sirven las ayudas?

La orden reguladora de las bases para la concesión de ayudas subvenciones para la realización de actividades en el marco del plan director de la cooperación española, en teoría lo deja muy claro: para la ejecución de actividades relacionadas con la promoción de la democracia y la consolidación de los sistemas de partidos políticos, incluyendo acciones de formación, consolidación, asesoramiento y difusión del sistema democrático y de todos sus componentes.

No obstante, para comprender mejor a quién van destinadas las ayudas, y para qué, tomaremos un ejemplo tipo: La Fundación Rafael Campalans (PSC- PSOE).

  

        La Fundación Rafael Campalans fue constituida en 1.979, y se define como el laboratorio de ideas del PSC. Esta Fundación es una de las beneficiadas por las Ayudas de Cooperación Internacional concedidas en el 2008. Más concretamente, recibió la cantidad de 100.800 € para el “Proyecto de Formación para cuadros políticos de la Unión socialista de fuerzas populares (USFP) de Marruecos y de otras fuerzas de la izquierda marroquí”.

            Haciendo un poco de historia, podemos decir que la Unión Socialista de Fuerzas Populares (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ) es un partido político marroquí, de clara ideología socialista, que actualmente cuenta con 38 de los 325 escaños que componen el Parlamente de Marruecos.

            En nuestro país, dicho partido político (USFP) es conocido por los continuos enfrentamientos con España, y por defender una política contraria a los intereses españoles. Ya en 1988, en el IV Congreso de la Internacional Socialista Africana (ISA), dicha fuerza política fue una de las que pugnó para que entre las Conclusiones del Congreso, figurara una resolución a favor de “la descolonización de Ceuta y Melilla”. De igual forma, fueron muy significativas las críticas que el diario “Libération” (diario en francés del USFP) realizó con ocasión de la visita de Rodríguez Zapatero a las ciudades españolas de Ceuta y Melillas, a principios del 2.006.

            Igualmente, Mohamed Aberkan, diputado del USFP, por la provincia de Nador, protagonizó las manifestaciones contra la visita de los Reyes de España a Marruecos, realizada en el mes de Noviembre de 2007; dicho diputado llegó a realizar afirmaciones como: “España no quiere abandonar su mentalidad colonialista y ni siquiera quiere reconocer las fronteras marítimas de Marruecos”. Continuos han sido los llamamientos del USFP para que España habrá procesos de diálogo y reflexión destinados a estudiar el destino de Ceuta y Melilla y su incorporación a la soberanía marroquí.

Dinero español, para desespañolizar Ceuta y Melilla

            En este contexto, resulta sorprendente que el PSC-PSOE, a través de su Fundación Rafael Campalans, decida destinar los 100.800 € conseguidos mediante las ayudas de la Agencia Española de Cooperación Internacional, a la formación de los cuadros  políticos de la Unión Socialista de Fuerzas Populares; es decir, ¿es lícito que el dinero español sirva para formar a las élites políticas marroquís, que luchan por la soberanía marroquí de Ceuta y Melilla?.

No obstante, para entender cabalmente el pensamiento de algunas de las  Fundaciones que se nutren de fondos públicos, puede ser clarificador el ejemplo que nos da la misma Fundación Rafael Campalans.

Efectivamente, es sumamente revelador que dicha Fundación dedique su primer Informe FRC, a “la corresponsabilidad individual en la financiación pública de la atención sanitaria”. Dicho informe, que contradice todas las tesis oficiales del Partido Socialista Obrero Español en defensa de la sanidad pública, gratuita y universal, se marca como objetivos la neutralización de “ la oposición de aquellos que, muchas veces de forma bien intencionada, se oponen a cualquier cambio por miedo a los efectos de lo que se desconoce (trasladando evidencias de otro tiempo y lugar, por los riesgos de crear inequidades o de romper la cohesión social, etc.) o simplemente como guardianes del statu quo”.

PSC- PSOE, estudian eliminar la Sanidad Pública Gratuita

            Dicho informe estudia, entre otras cosas, la aplicación del copago sanitario analizando el papel y las posibilidades que se pueden reservar a la corresponsabilidad financiera individual en la financiación de los medicamentos y en la financiación de la atención a la dependencia, así como de otros servicios de la sanidad pública. Es decir, dicha Fundación afín al PSOE, estudia y analiza el modo de romper el principio de gratuidad en la Sanidad Pública.

           

Igualmente, resulta sorprendente que el segundo (y último) de los informes FRC se dedique monográficamente a la “transformación del modelo productivo catalán”; es decir, la actualidad del debate sobre los modelos productivos, encuentra un claro antecedente en el informe del laboratorio de ideas del PSC- PSOE.

 

Fuentes del Estudio:

-       BOE núm. 159, del 2 de Julio de 2004.

-       BOE núm. 282, del 25 de Noviembre de 2005.

-       BOE núm. 172, del 20 de Julio de 2006.

-       BOE núm. 195, del 15 de Agosto de 2007.

-       BOE núm. 204, del 23 de Agosto de 2008.

-       BOE núm. 124, del 22 de Mayo de 2009.

-       Informe FRC núm. 1 de la Fundación Rafael Campalans, “La corresponsabilidad individual en la financiación pública de la atención sanitaria”.