Autor: Mtro. Guillermo Gazanini Espinoza | Secretario Del Consejo de Analistas Católicos de México.

Los sistemas políticos e ideologías han usado la ley para justificar y lograr sus propósitos los que, en no pocas ocasiones, fueron contra la dignidad de la persona humana.

 

En 1933, los Estados totalitarios imponían el ideal de la arianización legalizando las técnicas de esterilización de quienes sufrían enfermedades congénitas para impedir la transmisión de taras a las generaciones siguientes. Los débiles mentales congénitos, esquizofrénicos, maniaco depresivos, epilépticos, quienes padecían el mal de Huntington, sordos, ciegos y los malformes, fueron llevados  a los servicios médicos del Estado para ser sometidos a los procedimientos de esterilización “voluntaria” cumpliendo la política del régimen como deber sagrado del Estado.

 

En esa década, la justificación política del totalitarismo adecuó el derecho para hacer legal lo impensable.  Tribunales formados por un juez, médicos y “especialistas” en cuestiones raciales, se allegaron de las pruebas para fallar sobre la esterilización de las personas “inferiores” que cobró 400, 000 mil víctimas al final de la segunda guerra mundial. 

 

Otros métodos fueron justificados por esta política de Estado.  Los capítulos más vergonzosos para la humanidad fueron los relativos a la eugenesia. La sistematización jurídica positivizó las normas para acabar con la indignación creciente de la sociedad que veía cómo sus derechos y recursos eran dilapidados al mantener a personas “indeseables”: las vidas sin valor, los impedidos, los antisociales y los enfermos mentales degenerados.

 

No es desconocido el resultado de esta  legalización racista.  Millones fueron llevados a los laboratorios y hospitales para ser objeto de experimentación y, en consecuencia, a la muerte por el bien de la colectividad. Detrás estaba una bien formada propaganda que influyó en el público para legitimar la necesidad de acabar con “los individuos no humanos” que amenazaban y ponían en peligro a la especie y al Estado. 

 

Setenta años después condenamos estos hechos. Los crímenes contra la humanidad son indiscutibles y sería necio rechazar  que, en nombre de la ideología y del Estado, la política y el derecho fueron usados para exterminar a millones de seres humanos. En consecuencia, las naciones unieron esfuerzos y proclamaron declaraciones universales para promover la defensa de la vida y de los derechos humanos clamando el “Nunca jamás” que desterrara para siempre los horrores cometidos en la pasada guerra mundial. 

 

Nuestros conocimientos relativos a la reproducción humana y a las técnicas de la reproducción asistida han avanzado notablemente para mejorar  la calidad de vida. La ciencia ficción se ha hecho realidad, hoy se logra mapear el genoma humano que servirá, en el futuro, para la erradicación de las principales enfermedades que son causa de mortalidad. Clonación, reproducción asistida, fecundación in vitro… son nuevos términos que se cuelan en nuestro vocabulario poniendo en la mesa dilemas morales. Como nunca, las exigencias de los Estados modernos reclaman la necesidad de legislaciones coherentes y respetuosas de la vida y de la dignidad humana ante las nuevas técnicas que escrutan las profundidades de la naturaleza humana. 

 

El secularismo y las revoluciones culturales e ideológicas del siglo pasado nos han puesto en una coyuntura interesante y dolorosa.  Aún cuando nos sigue provocando escándalo los crímenes de lesa humanidad instigados por los totalitarismos, asistimos a otras formas sutiles y paradójicas  que atentan contra la dignidad de las persona para favorecer el utilitarismo y los actos de comercio onerosos. Uno de estos es la maternidad subrogada conocida también como “préstamo de vientre” “alquiler de vientre” o “maternidad de alquiler” creando problemas morales y  jurídicos que han provocado su rechazo general. 

 

El adagio latino mater semper certa est considera el principio por el que se comprueba la maternidad y la identificabilidad con la persona que la madre da a luz; era impensable que la madre no fuera otra sino la “genética” estableciendo lazos de filiación con las consecuencias de derecho protegiendo al nacido que, por evidencia del parto, no hiciera necesario el reconocimiento materno posterior; sin embargo, las técnicas de inseminación artificial o la fecundación in vitro van contra la certeza de la maternidad genética por lo que, en eventuales conflictos, los jueces tienen que resolver teniendo en cuenta filiaciones por afecto, por la voluntad o por la intención de la madre subrogada que presta sus entrañas para llevar a cabo una gestación con donación de gametos que no coincidirían con su patrimonio genético. 

 

La desafortunada izquierda del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentó una  iniciativa que suscita más dudas que beneficios jurídicos. El 26 de noviembre de 2009, la diputada Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Salud  y Asistencia, puso a consideración un proyecto de regulación de maternidad subrogada sin fines de lucro.

 

El decreto de Ley de Maternidad Subrogada del Distrito Federal, entre otras cosas, legalizaría el alquiler de vientres de mujeres que, por ocasión única, presten su útero y permitan la gestación de  embriones de terceros ajenos a ella, escindiendo sexualidad de reproducción, bajo el argumento del amor y la solidaridad a las parejas que no pueden concebir hijos, esgrimiendo la protección y la garantía de los “derechos reproductivos” tutelados en la Constitución. Cosa contraria a la aprobación del aborto hecha por la aplanadora perredista, la iniciativa de Contreras Julián pugna por la defensa de los derechos de la mujer para ser madre, como afirmó la legisladora en la sesión del 26 de noviembre de 2009: “Las mujeres que por una condición biológica y también los hombres que se encuentren imposibilitados para la maternidad o la paternidad para llevar a término un embarazo, saben que este hecho se puede convertir en un obstáculo y que puede menguar incluso aspectos muy importantes de su vida”. 

 

La prensa informó que el dictamen del proyecto está listo para ser discutido en Comisión a finales del mes de abril de 2010. Después de haber realizado foros de análisis sobre la subrogación, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dieron su apoyo a la maternidad subrogada porque, según ellos, combatiría la renta clandestina de vientres suponiendo, por otro lado, la retribución económica a la mujer rentada. Para ser coherentes con las reformas relativas al aborto, se podría permitir la interrupción del embarazo dentro de las doce semanas y, por otro lado, la realización de actos jurídicos o contratos entre las partes para llevar a cabo la implantación de gametos en las mujeres dispuestas a subrogar el claustro materno.  

 

Según se afirmó, la iniciativa de ley no aplicaría a los matrimonios de personas del mismo sexo; sin embargo, una característica de cualquier legislación es la generalidad. Consecuencia de las reformas al Código Civil del Distrito Federal que desapareció el concepto de matrimonio, fue la posibilidad de que los integrantes de las minorías lésbicas y homosexuales pudieran adoptar, rompiendo los acuerdos previos sobre el tema entre las fracciones parlamentarias con representación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

 

Lo menos que podría alegar el Partido de la Revolución Democrática es el respeto de la palabra empeñada, apreciando en el fondo un espaldarazo a esos grupos minoritarios para que logren “la plenitud de sus derechos reproductivos”.  La incoherencia e irresponsabilidad legislativa del PRD y de la diputada Contreras Julián promueven leyes atentatorias contra la vida y la dignidad, haciendo que el primero de todos los derechos sea objeto de comercio y el cuerpo femenino se explote con fines de lucro bajo falaces justificaciones de amor y solidaridad, independientemente de las controversias jurídicas y dilemas éticos que plantearía la eventual aprobación de la maternidad subrogada en la capital.  

 

Al iniciar este artículo referí a las leyes que en 1933 justificaron la eliminación de “vidas inferiores” por el bien común. En sus dimensiones históricas debidas, los argumentos legislativos que pretenden justificar la subrogación de vientres hacen que la vida sea considerada una cosa que pueden ponerse en contratos y deshacerla cuando las partes ya no están satisfechas con las cláusulas. Ahora, por el utilitarismo, la mujer que se presta a la gestación ajena es objeto de derecho y no sujeto de derecho. Es ingenua la afirmación que dice que una mujer prestaría sus entrañas para que otros pudieran ser, felizmente, padres y madres en una sofisma moral que quiere hacer del Distrito Federal el paraíso que garantiza el derecho para que todos gocen de la paternidad y la maternidad,  ¿a quién quieren sorprender?  

 

Y finalmente, la aprobación de esta iniciativa llevaría a plantear la posibilidad de la creación de agencias que ofrecieran, legalmente, los servicios de subrogación pudiendo ser el detonador de esclavitudes modernas. La mujer mexicana quien ha padecido la discriminación y violencia en una sociedad machista, ha tenido escasas oportunidades de desarrollo que le permitan un bienestar y futuro desahogado donde se protejan sus garantías individuales. Esta iniciativa de maternidad subrogada servirá a los que económicamente puedan pagar las técnicas de reproducción cuyo costo no es el de una aspirina para el dolor de cabeza.

 

Siendo así, ¿quiénes serían las madres sustitutas? Las mujeres pobres que pasan urgencias financieras y de empleo usadas y utilizadas por lesbianas, homosexuales o heterosexuales en estos actos de comercio humano. Quien pone los billetes, es el que manda. Quien paga, puede satisfacer su capricho por una maternidad y paternidad a la carta.