Autor: Grégor Puppinck

El pasado 7 de octubre, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE, Estrasburgo) se pronunció sobre un texto referente a la objeción de conciencia del personal sanitario que se titulaba: “El acceso de las mujeres a una asistencia médica legal: el problema del uso no regulado de la objeción de conciencia”. Este texto, contra el que se han enfrentado con éxito numerosas organizaciones, contemplaba inicialmente restringir la facultad de objeción de conciencia con el fin de facilitar el ejercicio del derecho al aborto. Según su autora, es preciso establecer “un equilibrio, por una parte, entre la objeción de conciencia de un individuo que se niega a cumplir un acto médico dado y, por otra, la responsabilidad profesional y el derecho de cada paciente a recibir un tratamiento legal en un plazo apropiado”. Para proceder a este reequilibrio, el texto pretendía echar por tierra la facultad de ejercer la objeción de conciencia, llegando incluso a denegar a las clínicas privadas confesionales el derecho a no practicar el aborto. Tal y como ocurrió en algunos regímenes totalitarios, el informe intentaba, de la misma manera, obligar al personal sanitario a participar en la realización de un aborto e incluso obligar a los propios médicos a practicar abortos a petición, con sus propias manos, especialmente cuando no hubiera otro médico disponible “a una distancia razonable”. Incluso contemplaba la creación de un “mecanismo de recuso efectivo” contra los objetores.
 
La autora de este texto, la británica Christine McCafferty, recibía el apoyo de los partidos de izquierda y liberales, así como el de la mayoría de los miembros de las Comisiones de Asuntos Sociales y de Igualdad de la Asamblea. 
 
Dicho proyecto que, afortunadamente ha sido totalmente destruido, se fundaba en un giro de perspectiva. En efecto, afirmaba substancialmente la existencia de un derecho al aborto, cuando tan sólo se trata de una facultad e, inversamente, reducía el derecho a la libertad de conciencia del personal sanitario a una simple facultad de objeción.
 
Fundamentalmente, el mayor objetivo de McCafferty no se limitaba tan sólo a la práctica, sino que era además profundamente simbólico. En efecto, se encauzaba hacia la calificación moral del aborto y del ejercicio de la conciencia. Bajo la óptica promovida por McCafferty, el derecho al aborto se convertía en la regla y la objeción de conciencia, en la excepción. Reducir el derecho fundamental de la objeción moral a una simple excepción pasa a invertir la relación de moralidad existente entre el aborto y la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es la que se transforma de alguna manera en injusta e inmoral, puesto que se opone al derecho al aborto.  Esta excepción no estaría fundada, en absoluto, en la injusticia objetiva, por el hecho de establecer voluntariamente un plazo a una vida humana, sino meramente en la subjetividad individual del médico; es decir, en su opinión, religión o convicciones individuales.
 
La autora del texto ha intentado rebajar la cuestión de la objeción de conciencia a una mera cuestión de opinión. Sin embargo, antes de ser un derecho, la objeción de conciencia es, primeramente y ante todo, un deber. La objeción de conciencia es un deber de naturaleza moral que impone a la persona negarse a cumplir una orden considerada injusta. Por tanto, la objeción de conciencia stricto sensu no podrá ser un derecho positivo, puesto que existe, por naturaleza, al margen del derecho; encuentra su origen y legitimidad en la norma moral supra-jurídica, percibida e impuesta por la conciencia. Dado que la objeción de conciencia se ejerce con respecto al derecho positivo en virtud de la ley moral, el derecho positivo no puede ser, por naturaleza, la fuente jurídica de la facultad de ejercer la objeción de conciencia. Cabe, por tanto, comprender la expresión derecho a la objeción de conciencia como el reconocimiento, mediante el derecho positivo, de la legitimidad de la denegación a ejecutar un acto considerado opuesto a la justicia, tal y como lo reconoce la conciencia.
 
Al instituir un derecho a la objeción de conciencia, el derecho positivo reconoce su propia imperfección moral, la injusticia y limita las consecuencias. Al reconocer esta imperfección, pero ante la incapacidad de enmendarla totalmente, el legislador puede renunciar de antemano, caso por caso, a sancionar a aquellos que se nieguen a someterse a órdenes o a colaborar en acciones, por ser injustas. El derecho a la objeción de conciencia no se dirige, estrictamente, al ejercicio de la objeción de conciencia, sino a su sanción; ya que el derecho a la objeción de conciencia protege al objetor de las presiones y eventuales sanciones que pudieran coaccionarle a actuar de forma legal pero injusta.
 
De este modo, la cuestión de la objeción de conciencia no se sitúa en el ámbito del respeto de la autonomía subjetiva individual, esto es, de la opinión individual, sino en el ámbito, más objetivo, del bien común, tal y como lo percibe la conciencia recta. Es importante entender bien que el derecho a negarse a practicar un aborto o una eutanasia no se trata de una cuestión de opinión o de elección religiosa, sino de una cuestión de justicia. Si sólo se tratase de una cuestión de opinión, el objetor no pediría a la sociedad que respetase su opinión subjetiva individual, carente de vínculo con el bien y la justicia. Ahora bien, la objeción de conciencia no pone en entredicho la opinión del objetor, sino la justicia del orden, sin la cual cualquiera podría objetar contra cualquier cosa en nombre de sus opiniones. De esta manera, querer limitar la cuestión de la objeción de conciencia al ámbito de la libertad de opinión es limitar la justicia al relativismo. Semejante concepción de la objeción de conciencia separa a la conciencia de su vínculo con el bien común y con lo que es justo. Finalmente, garantiza la primacía de la ley civil, que emerge sola por encima del pluralismo.
 
Si las cláusulas de conciencia existen en la mayoría de legislaciones de países occidentales, es porque los actos médicos no terapéuticos a los que se aplican dichas cláusulas -es decir, al aborto, la eutanasia o la esterilización anticonceptiva- siempre se consideran como ataques consentidos a la dignidad humana, esto es, como injusticias consentidas. Al instituir semejantes cláusulas de conciencia, el legislador reconoce la imperfección moral de sus leyes y limita su carácter intransigente, puesto que sería injusto coaccionar al personal sanitario a colaborar en una violación de la dignidad.
 
Finalmente, si se ataca cada vez más a la objeción de conciencia, no es únicamente porque se conciba como la expresión de un juicio moral, sino también porque constituye, por su vínculo con la justicia, un replanteamiento del consenso de amoralidad que establece la sociedad pluralista.