El aborto en Italia.

publicado a la‎(s)‎ 2 ene. 2010 15:51 por Tomás Moro   [ actualizado el 24 ene. 2010 7:17 ]
Autora: Dña. Carmen Benavides.

En Italia la interrupción voluntaria del embarazo (despenalizadora del aborto en algunos supuestos) està regulada por la Ley n. 194/1978 del 22 de Mayo. Bajo el título “ Normas sobre la tutela social de la maternidad y la interrupción voluntaria del embarazo”, recoge una serie de disposiciones, en 22 artículos, de los cuales solo el 2°) hace referencia a la maternidad en tèrminos de medidas de soporte y ayuda; el resto del articulado disciplina, con todo tipo de detalle, el aborto.

El art. 1) proclama que “ El Estado garantiza el derecho a la procreación consciente y responsable, reconoce el valor social de la maternidad y tutela la vida humana desde su inicio. La interrupción voluntaria del embarazo, que se regula en la presente ley, no constituye un instrumento de control de los nacimientos. El Estado, las regiones y los entes locales, en el ámbito de las propias funciones y competencias, promueven y desarrollan los servicios socio-sanitarios y demás iniciativas necesarias al fin de evitar que el aborto sea usado para limitar los nacimientos”. Si por una parte, desde el primer artículo se perfila ya la inicuidad que impregna toda la ley, al introducir y regular el aborto junto con algo que se coloca justamente a las antípodas de éste, como lo es la tutela social de la maternidad”, por otro lado, hay que decir en su favor que bien dos veces el legislador se preocupa de poner en claro que la finalidad del aborto no es la de controlar y limitar los nacimientos (el problema, como se verá más adelante, es el de su aplicación práctica) y además reconoce esplicitamente el valor jurídico de la vida naciente, digna de ser tutelada “desde su inicio”.

El art. 2) atribuye un papel fundamental a los “consultorios familiares” en la asistencia a la mujer embarazada: “a)informándola acerca de los derechos que le asiste en base a la lgislación estatal y regional, y también acerca de los servicios sociales, sanitarios y asistenciales concretos que las estructuras activas en el territorio ofrecen; b) informándola acerca del modo más idóneo para exigir el respeto de las normas legislativas laborales que tutelan a la gestante”; c) Actuando directamente o proponiendo al ente local o estructura social activa en el territorio intervenciones especiales, cuando el embarazo o la maternidad comporten problemas para cuya resolución no resulten idóneas las intervenciones ordinarias a que se refiere la letra a);

d) contriyendo a la superación de las causas que pudieran inducir a la mujer a interrumpir el embarazo”.

De extrema importancia se revela lo dispuesto bajo la letra d): constituye la clave, si bien aplicada, para poder llevar a cabo una labor de “disuasión” del aborto. Puesta en manos de los consultorios públicos y de los médicos de familia se plantea el problema de la sensibilidad de los operadores respecto al tema de la vida ( las estadísticas italianas demuestran que al momento de la verdad, los consultorios operan con inaceptable superficialidad, banalizando el evento traumático que supone el aborto e ignorando completamente que la ley tutela a la madre pero también tutela al hijo que lleva dentro: en el año 2007 han sido 130.000 los abortos reconocidos por el Ministerio de la Salud, sin que entre éstos se hayan tenido en consideración, naturalmente,los que se provocan por el uso del Norlevo(píldora del dia después) ni los provocados químicamente (RHU 486)).

Para correr a reparos, en la actualidad se está insistiendo muchísimo—sobre todo por las Regiones con Administraciones más sensibles al tema, como lo es la Lombardía --- en que se dé mayor y mejor cumplimiento a estas partes de la ley que hasta ahora han quedado practicamente inaplicada. A este respecto, se solicita con fuerza – y lo solicitamos todas las asociaciones de voluntariado por la vida – que se nos reconozca mayor intervención en los consultorios públicos, dando cabal cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo in fine del art. 2): “ Para la consecución de los fines de la presente ley, los consultorios, mediante oportunos reglamentos y convenciones, podrán valerse de la colaboración voluntaria de idóneas formaciones sociales de base y de asociaciones de voluntariado, que pueden prestar su ayuda a la materninad difícil después del nacimiento...”

El aborto propiamente dicho viene regulado en el art. 4:

Y en el art. 6.

El art. 4) dice:“ La mujer que se encuentre en circunstancias tales que la prosecución del embarazo, el parto o la maternidad representen un serio peligro para su salud fisica o psíquica, en relación a su estado de salud, o a sus condiciones económicas, o sociales, o familiares, o a las circunstancias en que ha tenido lugar la concepción, o a previsiones de anomalías o malformaciones del concebido, puede dirigirse a un consultorio público instituido conforme al art. 2), letra a), de la ley 29 Julio 1975, num. 405, o a una estructura socio-sanitaria autorizada para ello por la Región, o a un médico de su confianza”. Este artículo recoge el supuesto de aborto que en realidad se puede decir libre, ya que como se deduce de su lectura, las causas por las cuales la mujer embarazada puede abortar en los primeros 90 días de la gestación, son un auténtico cajón de sastre: problemas familiares, sociales, de salud(¿?), económicos, miedo, edad demasiado joven... Está claro que bajo la muletilla que suena a justificación ”serio peligro para su salud física o psíquica”, en realidad las verdaderas causas que se enmascaran son las que siguen, es decir: las condiciones económicas, sociales, familiares...

El art. 5, dirigido a los consultorios y estructuras socio-sanitarias, recoge en modo exageradamente extenso y minucioso el iter que se debe seguir a partir del momento en que la mujer embarazada se presenta en el consultorio, al médico de familia o de confianza o en un centro sanitario. El párrafo primero dice: “ Además de grantizar las pruebas médicas que sean necesarias, el consultorio y la estructura socio-sanitaria tienen el deber en todo caso, y especialmente cuando la solicitud de interrupción de embarazo sea motivada por condiciones económicas, sociales o familiares de la gestante, de estudiar junto con la mujer y el padre del concebido—en los casos en que aquella lo consienta -- el modo de resolver los problemas presentados, de ayudarla a superar las causas que la puedan inducir a interrumpir el embarazo, de apoyarla para que pueda hacer valer sus derechos de trabajadora y madre, de promover todo tipo de actuación para sostener a la mujer, ofreciéndole todas las ayudas que sean necesarias durante el embarazo y después del parto”.

Este párrafo consagra lo que se ha venido a llamar “el principio de preferencia por el nacimiento”, esto es: se tiene que hacer e intentar todo lo posible para evitar que la mujer se vea obligada a abortar per todas esas causas ya especificadas. El Segundo párrafo es del mismo tenor del primero solo que referido al “deber del médico de familia” de practicar todos las pruebas médicas y de informar a la mujer embarazada acerca de sus derechos y de los consultorios y estructuras socio-sanitarias.

El pàrrafo tercero contempla, en cambio,el momento propiamente dicho en que se decide de abortar, diferenciando dos supuestos: a) cuando el médico constate la existencia de condiciones que aconsejen intervenir urgentemente, certifica immediatamente la urgencia y la mujer, con dicho certificado, se puede presentar en cualquier centro sanitario autorizado para efectuar la interrupción del embarazo. b) Si no viene apreciada ninguna causa de urgencia, entonces el médico de familia o del consultorio, “..ante la solicitud de la mujer de interrumpir el embarazo por las causas previstas en el art. 4, emite un documento, firmado también por la mujer, con el cual certifica el estado de grávida y la solicitud hecha por la interesada, invitándola asimismo a dejar pasar siete días. Transcurridos los siete días la mujer puede presentarse en cualquiera de los centros autorizados, esgrimiendo el certificado emitido conforme al presente párrafo, para que se le practique la interrupción del embarazo”.

A la luz de lo dispuesto en este artículo se puede comprender facilmente la importancia de que las asociaciones de voluntariado por la vida puedan ser admitidas a colaborar con estos consultorios y hospitales antes de la emisión del “certificado de aborto”: no solo pueden llevar a cabo una labor de mayor y más fiel información a la mujer embarazada sino que además, participando en primera persona al coloquio con ella, pueden actuar como garantía para que se observe escrupulosamente lo dispuesto por el legislador.

El art. 6) regula el llamado “aborto terapeútico”: “La interrupción voluntaria del embarazo, pasados los primeros noventa días, puede ser practicada: a)cuando el embarazo o el parto comporten grave peligro para la vida de la mujer; b)cuando se constate la existencia de procesos patológicos, entre ellos los relativos a relevantes anomalías o malformaciones del nasciturus, que pongan en grave peligro la salud física o psíquica de la mujer.”

El art. 7, desarrolla el contenido del precedente y, tras establecer el médico o médicos que deben colaborar en la constatación de la concurrencia de las causas indicadas, dedica la última parte del segundo párrafo a la defensa del feto abortado: “....Cuando subsiste la posibilidad de vida autónoma del feto, la interrupción del embarazo puede ser practicada sólo en el caso previsto en la letra a) del art. 6 y el médico que está efectuando la intervención debe de adoptar todas las medidas idóneas para la salvaguarda de la vida del feto”.

Este último inciso reviste mucha importancia en la actualidad si se tienen en cuenta los progresos técnicos que se han producido en las últimas décadas en la neonatología y que han llevado a que hoy, las 24 semanas que los decretos de actuación de la ley preveían como límite para poder practicar este aborto y reanimar al feto abortado, haya sensiblemente descendido hasta las 22 semanas y tres días que ya alguna región italiana (Lombardía) está aplicando regularmente en sus centros sanitarios. Incluso los datos que el Ministerio de Salud italiano publicó en Enero 2008, como resultado de una comisión técnica encargada de estudiar el tema, resultaron concordantes (con la diferencia de tres días) con los aplicados ya en Lombardía.

El art. 9 contempla el derecho a valerse de la “objección de conciencia”

reconocido al personal sanitario y auxiliar de los centros autorizados a la práctica del aborto.

El art. 10 pone a cargo de la Seguridad Social todos los gastos que comporta el procedimiento que desemboca en el aborto: “ La constatación del embarazo, la intervención, el tratamiento y en su casola hospitalización concernientes a la interrupción del embarazo en las circunstancias previstas por los artículos 4 y 6...” están a cargo de la región. Están también a cargo de la región “...todos los gastos relativos a las pruebas y análisis, cuidados e internamientos que se consideren necesarios para llevar a cabo el embarazo así como para el parto, respecto a las mujere que no tienen derecho a la seguridad social”.

El art. 12

regula el supuesto de interrupción del embarazo por parte de una menor de edad. La solicitud de interrupción del embarazo conforme a las normas de la presente ley tiene que ser efectuada personalmente por la mujer. Si la mujer es de edad inferior a diez y ocho años, para proceder a la interrupción del embarazo se necesita el consentimiento de quien ejercita la potestad o la tutela. No obstante ello, en los primeros 90 días, cuando concurran serios motivos que impidan o desaconsejen que se consulten dichas personas, o cuando éstas, interpeladas, nieguen su consentimiento o expresen opiniones distintas entre ellas, el consultorio o la estructura socio-sanitaria, o el médico de familia, procede a la actuación de lo dispuesto en el art. 5 y, en el plazo de siete días, envía un informe expresando además su parecer, al juez tutelar del lugar en el que opera. En el plazo de cinco días, el juez tutelar, habiendo oído a la mujer y teniendo en cuenta su voluntad, las razones que alega y el informe médico recibido, puede autorizar a la mujer, con acto no susceptible de ser impugnado, a interrumpir el embarazo”.

Como puede verse, la menor de edad puede acceder al aborto no sólo contra el parecer de sus padres sino además sin que éstos se enteren siquiera. Este artículo reconoce a los consultorios y médicos de familia un poder enorme ya que, por lo general, el juez tutelar la mayoría de las veces (salvo sensibilidad del juez por el tema) se deja llevar por lo que el informe remitido por el médico o consultorio dicen. Incluso, la menor se presenta al juez ya instruida por los operadores del consultorio y por lo tanto, la intervención del juez se limita en muchos casos a secundar la solicitud de la menor certificando que esa es su voluntad y lo más conveniente para ella.

Sin embargo, en los dos últimos años, se está produciendo en Italia un fenómeno indicativo de cómo está cambiando la mentalidad de las menores ante el embarazo: Aunque la ley prevea la intervención del juez tutelar sólo en el caso de que la menor quiera abortar, lo cierto es que en la práctica se está verificando también la hipótesis contraria, es decir, las menores se dirigen a su médico y al juez tutelar para impedir que los padres o representantes legales las obliguen a abortar. Son jóvenes que quieren tener a su hijo y que se encuentran desamparadas ante la decisión impuesta por los padres o tutores.

El párrafo 2 del art. 12 dice: “ En los casos en que el médico constate la necesidad de intervenir urgentemente a causa de un grave peligro para la salud de la menor de diez y ocho años, certifica la existencia de las circunstancias que justifican la interrupción del embarazo. Dicho certificado constituye título para obtener en vía de urgencia la intervención y, en su caso, la hospitalización. Por lo que respecta la interrupción del embarazo pasados los primeros noventa días, se aplican también a la menor de edad las normas previstas en el artículo 7, con independencia de la aprobación de los padres o tutores”.

Un símil procedimiento prevee el artículo 13 para la mujer incapacitada por enfermedad mental.

Los 17,18 y 19 establecen las penas aplicables a quien causa el aborto por culpa ( de tres meses a dos años de reclusión), sin el consentimiento de la mujer ( de cuatro a ocho años de reclusión) o interrumpe el embarazo sin observar las normas prescritas en los artículos 5 y 8 (reclusión hasta tres años).

Comments