Directamente implicados- Comentario a la Resolución del Consejo de Europa, sobre Objeción de Conciencia al aborto-

publicado a la‎(s)‎ 17 oct. 2010 14:31 por Tomás Moro   [ actualizado el 17 oct. 2010 14:50 ]
Autor: Dr. Esteban Rodríguez, ginecólogo


La nueva ley de aborto (art. 19.2) establece un elemento de inseguridad jurídica para aquellos agentes sanitarios que planteen objeciones a cooperar en la práctica de abortos. Se restringe la objeción de conciencia a los profesionales “directamente implicados” en la interrupción voluntaria del embarazo debiéndose comunicar anticipadamente y por escrito.

Un médico puede interrumpir voluntariamente un embarazo con una doble intención: para que el niño en gestación muera o para proporcionarle los cuidados adecuados a su estado de dependencia y que viva. En este segundo caso no existe objeción deontológica alguna para participar en una interrupción voluntaria del embarazo. Se entiende que la ley se refiere a la primera opción, es decir, cuando el embarazo se interrumpe- o con mayor propiedad, se finaliza, con intención homicida.

La ley resulta ambigua porque no específica quiénes son los profesionales directamente implicados en la interrupción homicida y no tiene en cuenta el hecho científico y técnico de que un aborto, al igual que un parto, no es un acto único sino un proceso en el que directamente se ven implicados diversos profesionales.

¿Por qué el abortismo está tan empeñado en negar la ciencia?

Pretender que los profesionales se impliquen directamente como cooperadores en cualquier fase de un proceso que conduce a la muerte intencionada de un ser humano sano o enfermo, impidiéndoles el derecho a objetar salvo si son los encargados de extraer el niño en gestación para que muera, seria contario a la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, que en su Capítulo IV (Derechos y deberes) artículo 19 (deberes) letra b, establece el deber de:

b) Ejercer la profesión o desarrollar el conjunto de las funciones que correspondan a su nombramiento, plaza o puesto de trabajo con lealtad, eficacia y con observancia de los principios técnicos, científicos, éticos y deontológicos que sean aplicables.

Pues bien, los principios y deberes deontológicos aplicables son los que establece en su articulado el Código de Ética y Deontología Médica de 1999 en tanto que sancionado por una Entidad de Derecho Público, no los que le parezca a una Ministra de Igualdad o de Sanidad, a un Gerente de Hospital o Jefe de Servicio, ni siquiera a un Parlamento que también están obligados a cumplir la ley.

Los médicos no pertenecen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Un médico no es un soldado. Colaborar en estrategias que tienen la intención de acabar con la vida de los seres humanos, aunque sean acusados de crear un conflicto con los intereses de sus progenitores , no forma parte de las funciones que corresponden al nombramiento, plaza, o puesto de trabajo de un médico.

¿Acaso un legislador tiene el derecho de dictaminar, en contra de la evidencia científica, que un embrión o un feto humanos no son seres que están vivos y que pertenecen a la especie humana? ¿Acaso es legítimo violar el artículo 29 de nuestro C.C. que establece que “el concebido será reputado como nacido para todos los efectos que le sean favorables”? ¿No será que debemos seguir avanzando en la DUDH para que a “todo ser humano en todas partes le sea reconocida su personalidad jurídica” como establece su artículo 6 y para que se respete que “todo individuo tiene derecho a la vida y a su seguridad” como establece el art. 3?

Restringir el derecho fundamental a la objeción de conciencia que, según sentencia 53/1985 del TC, “existe y puede ser ejercitado con independencia de que se haya dictado o no regulación…y forma parte del derecho fundamental contenido en el artículo 16 de la CE” a la fase ejecutiva, impidiendo la objeción en las fases consultivas o preparatorias, supondría un atentado contra la dignidad de la persona humana, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación.

Resulta paradójico que el art. 12 de la ley de aborto invoque para la mujer esos mismos derechos para garantizar el acceso a la interrupción homicida de la gestación y se le nieguen a los médicos dejando sin garantía su acceso al derecho fundamental a la objeción de conciencia por motivos deontológicos y científicos o de conciencia.

Por tanto, ¿qué ley debe incumplir un médico, la del Estatuto Marco de Personal Sanitario que le obliga a ser fiel a la deontología o la de aborto que lo obliga a infringirla? ¿Supone la ley de aborto la derogación de la vigencia del código deontológico de la profesión médica? ¿Prima el derecho de la mujer al libre desarrollo de personalidad, a la integridad física y moral, a la libertad ideológica y a la no discriminación sobre los idénticos derechos de un ciudadano funcionario de la administración pública? ¿Tiene la administración la patria potestad sobre la conciencia de los administrados? ¿Se ajusta a derecho que un gobierno invente derechos para algunos y que para ello restrinja derechos de otros que tienen el rango de fundamentales?

Afortunadamente el Consejo de Europa con su Resolución 1763 sobre “El derecho a la objeción de conciencia en los cuidados médicos legales” viene a corregir la concepción integrista de lo que es un profesional “directamente implicado” que la Ley Aido ha plasmado en el papel.

El primer punto de esta resolución puede traducirse como:

Ninguna persona, hospital o institución será coaccionada, considerada civilmente responsable o discriminada debido a su rechazo a realizar, facilitar, ayudar, autorizar, o participar en la práctica de un aborto, eutanasia o cualquier otro acto que pudiera causar la muerte de un feto o embrión humanos, por cualquier razón.