Como siempre, el reflotamiento del aborto terapéutico en Chile ha abierto una honda polémica.
 
En efecto, como es sabido, dos senadores, uno de oposición y otro de gobierno, han presentado un proyecto en tal sentido, para “casos acotados”, como por ejemplo, cuando el feto no sea viable, o cuando por el uso de diversos fármacos o de intervenciones quirúrgicas consideradas indispensables para salvar la vida de la madre, se produzca la muerte del concebido. En ambos casos debe existir, además, una certificación de tres especialistas.
 
Ahora bien, al margen de algunos aspectos terminológicos que pueden dar origen a malos entendidos, en virtud de las denominadas “acciones de doble efecto” (como por ejemplo, llamar “aborto” a la muerte del feto provocada por acciones inevitables ejercidas sobre la madre que como consecuencia –no como medio ni como fin buscado– también inevitable, producen el deceso del no nacido), al menos hay que hacer dos observaciones.
 
La primera –basta observar lo que ha ocurrido en tantos países–, es que pese a todas las amarras y prevenciones que se prometen para introducir la así llamada “interrupción del embarazo”, a la postre, inevitablemente la noción de “salud” de la madre se va haciendo cada vez más laxa, al punto que al final, prácticamente cualquier aborto termina siendo considerado “terapéutico”.
 
La segunda es más grave: que en muchos casos, tal como pretende este proyecto, la decisión de poner fin a la vida del concebido depende del simple “deseo” de su madre, aunque se requieran ciertos requisitos para poder justificar dicho “deseo”.
 
Lo anterior es grave, se insiste, porque en el fondo, equivale a hacer depender el valor de la vida de alguien no de una cualidad propia o intrínseca suya (su sola pertenencia a la especie humana), sino de los deseos o sentimientos de otros. Es decir, se pasa desde un criterio objetivo (algo tan evidente como la calidad de ser humano del no nacido), a una consideración absolutamente subjetiva (el malestar o “violencia” que puede sentir la madre del niño inviable), sin darnos cuenta de lo peligroso e injusto que resulta un criterio semejante.
 
En efecto, este mismo criterio es el que subyace muchas veces en la eutanasia (“¿para qué seguir con el tratamiento si va a morir igual?”), con lo cual se introduce un poder de decisión ilegítimo de unos sobre otros; ilegítimo, porque equivale a cosificar a esa persona, que deja de valer por sí misma y pasa a depender de lo que sus semejantes consideren a su respecto.
 
No otra cosa explica, por ejemplo, los aberrantes casos de eutanasia infantil que ya se registran en Holanda, puesto que si la vida depende de su “apreciación” por otros, ¿por qué limitar su disponibilidad sólo a los no nacidos?
 
Por eso, ¿hemos pensado realmente a dónde podríamos llegar por este camino?