La Cumbre del G-8 convoca a los líderes de ocho de las principales economías del mundo. Tradicionalmente, el país anfitrión goza de gran libertad para establecer la agenda. En enero, el gobierno canadiense, presidido por el primer ministro Stephen Harper, anunció su intención de que la salud materno-infantil fuera una de las prioridades de desarrollo en la cumbre del presente año.

 

Casi inmediatamente, las agrupaciones pro-abortistas refutaron la idea, porque no incluía específicamente la planificación familiar y el aborto. La oposición fue liderada por Maureen McTeer, esposa del ex primer ministro Joe Clark y representante canadiense de la White Ribbon Alliance for Safe Motherhood (Alianza Cinta Blanca por la Maternidad Segura), quien presionó a los funcionarios del gobierno de Canadá sirviéndose de un informe publicado por Action Canada for Population Development (Acción Canadá por la Población y el Desarrollo).

 

La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional dejó de subvencionar los servicios de aborto en el extranjero el año pasado al no renovar contratos de financiamiento con dos de los mayores proveedores de aborto internacionales: la Federación Internacional de Planificación de la Familia y  Marie Stopes International. Algunos creen que la no renovación del contrato se encuentra en el centro de las protestas sobre la política canadiense para la iniciativa de salud del G-8.

 

Tanto en febrero como en marzo, los funcionarios de la administración de Canadá confirmaron que no se incluiría el aborto ni la planificación familiar en la iniciativa de salud materno-infantil del G-8, ya que, según explicó un administrativo, «el propósito de ésta es poder salvar vidas».

 

El 30 de marzo, durante la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G-8 celebrada en Quebec, la secretaria de Estado Hillary Clinton echó leña al fuego al declarar: «No puede haber salud materna sin salud reproductiva, y la salud reproductiva incluye la anticoncepción y la planificación familiar, y el acceso al aborto legal y seguro». El Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Miliband, manifestó que su nación concordaba en este sentido con los Estados Unidos: «Nuestra postura es muy similar a la expuesta por la secretaria Clinton».

 

El gobierno canadiense matizó su postura respecto de la planificación familiar; no obstante, se mantuvo firme en lo que concierne al aborto. La semana pasada, el primer ministro Harper descartó en forma definitiva el aborto como parte de la iniciativa sobre salud y afirmó: «Queremos asegurarnos de que nuestros fondos sean empleados para salvar las vidas de las mujeres y de los niños y que sean utilizados en las muchas, muchas cosas que están a nuestra disposición que, realmente, no dividen a la población canadiense».

 

A pesar de las declaraciones efectuadas por la secretaria Clinton en marzo, los Estados Unidos y Canadá en la actualidad no subvencionan el aborto en los países en desarrollo. Si bien la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) envía dinero a organismos independientes que proporcionan el acceso al aborto, esto se encuentra restringido por la Enmienda Helms, que establece que « No deben utilizarse fondos de asistencia al extranjero para financiar la práctica del aborto como método de planificación familiar o para motivar o coaccionar a alguien a realizar abortos».

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Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano

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Autor: Fernando Magallanes

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Resulta de verdadero interés la histórica declaración conjunta católica-musulmana contra la justificación religiosa de la violencia. El lunes 1 de marzo de 2010, informaba la agencia Zenit, representantes del catolicismo y del Islam firmaron un documento en el que se rechaza la manipulación de la religión con fines innobles.

 

Los firmantes fueron el jeque de la universidad Al-Azhar del El Cairo, Muhammad Abd al-Aziz Wasil, representante de asuntos jurídicos, y el card. Jean-Louis Tauran, oficial vaticano encargado del diálogo interreligioso.

 

El documento sintetiza las conclusiones de la reunión anual del Comité permanente de Al-Azhar para el Diálogo entre las Religiones Monoteístas y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso de la Santa Sede, celebrado el 23 y el 24 de febrero del año en curso.

 

Hay que mencionar que la universidad Al-Azhar es la escuela más prestigiosa del mundo suní y que sus juicios poseen gran peso en dicha comunidad musulmana. De igual modo, conviene recordar que en el Islam no existe ninguna autoridad espiritual y moral única como el papado en la Iglesia católica. Con esto, los musulmanes pueden sencillamente entender el reciente documento como un simple juicio no vinculante para el creyente en Alá. De aquí el fatigoso y a veces reducido camino que debe seguirse con el Islam.

 

No obstante, son de gran alcance declaraciones conjuntas en el tema de la manipulación de la religión con el fin de justificar la violencia, la política o la discriminación. Ayudan a definir los valores comunes sobre los que se puede dialogar y, a la vez, a conocer y respetar las diferencias.

 

Éstas fueron algunas de las recomendaciones finales: «prestar mayor atención al hecho de que la manipulación de la religión con objetivos políticos o de otro carácter puede ser fuente de violencia; evitar la discriminación en virtud de la identidad religiosa; abrir el corazón al perdón y a la reconciliación recíprocos, condiciones necesarias para una convivencia pacífica y fecunda».

 

Pretende también «oponerse a la discriminación religiosa en todos los campos (leyes justas deberían garantizar una igualdad fundamental); promover ideales de justicia, solidaridad y cooperación para garantizar una vida pacífica y próspera para todos».

 

Y, al mismo tiempo, convertirse en promotor de «una cultura del respeto y del diálogo recíprocos a través de la educación en la familia, en la escuela, en las iglesias y en las mezquitas, difundiendo un espíritu de fraternidad entre todas las personas y la comunidad; oponerse a los ataques contras las religiones por parte de los medios de comunicación social, en particular, en los canales de satélite, teniendo en cuenta el efecto peligroso que estas declaraciones pueden tener en la cohesión social y en la paz entre las comunidades religiosas».

 

Es un primer paso que luego debe abrir camino en la enseñanza religiosa y social. Puede significar el desarme del fundamentalismo y, en parte, del terrorismo, fenómeno preocupante de nuestras sociedades.

 

Y puede ser también el momento histórico necesario para que los musulmanes desarrollen una hermenéutica de la sharia, la ley islámica que nace del Corán, y de los hadith (dichos y hechos atribuidos a Mahoma), más acorde con la dignidad humana y con la época actual.

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Autora: Susan Yoshihara | C-FAM & Friday Fax

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A inicio de abril, en Londres, un destacado jurista de las Naciones Unidas solicitó al gobierno británico la detención del Papa Benedicto XVI durante su próxima visita a Gran Bretaña, para que sea procesado por «delitos de lesa humanidad» en la Corte Penal Internacional.

 

Geoffrey Robertson pregonó su condición de juez de la ONU en un artículo publicado la semana pasada, en el que sostuvo que los juristas deberían invocar los mismos procedimientos utilizados para acusar a criminales de guerra como Slobodan Milosevic, a fin de procesar al Papa como cabeza de la Iglesia Católica Romana, quien es el responsable último de los abusos sexuales perpetuados por sacerdotes católicos en contra de niños.

 

Robertson es uno de los cinco juristas selectos que componen el sistema interno de justicia de la ONU, ante el cual comparecen los funcionarios de las Naciones Unidas envueltos en casos de corrupción y mala administración. Su artículo fue publicado en Estados Unidos y Gran Bretaña, y divulgado por la Prensa Asociada.

 

El profesor Hurst Hannum, miembro de la Fletcher School, de la Universidad Tufts, dijo a Friday Fax que sería una «verdadera exageración» apelar a la Corte Penal Internacional, ya que la jurisdicción de dicho tribunal está reservada principalmente para crímenes cometidos durante la guerra. Es más probable, añadió Hannum, que Robertson y otros expertos con ideas afines invoquen el principio de «jurisdicción universal», de modo que las cortes nacionales de todo el mundo puedan detener al pontífice en el momento en que ponga un pie en su territorio. Los críticos consideran que el mencionado principio, que fue puesto en práctica anteriormente, constituye una violación de la soberanía según lo establecido en la Carta de la ONU.

 

No obstante, Robertson insistió en que la Corte Penal Internacional puede ser utilizada siempre y cuando no se aplique la inmunidad soberana del Papa y con la condición de que los juristas puedan probar que los abusos sexuales fueron llevados a cabo de manera «sistemática o generalizada», como fueron sometidos los niños soldados en las guerras de Sierra Leona y del modo en que son tratados los esclavos sexuales en todo el mundo.

 

Robertson, abogado especializado en delitos y cuasidelitos civiles, dijo que es necesario interponer una acción legal en contra de las máximas autoridades de la Iglesia, a fin de obtener más fondos para las víctimas de los abusos sexuales de los clérigos en aquellos casos en los que las diócesis se declararon en quiebra. Más precisamente, se refirió al hecho de que la diócesis de Los Ángeles ya ha desembolsado 660 millones de dólares estadounidenses en concepto de daños y perjuicios, mientras que Boston lo hizo por 100 millones de dólares.

 

Un destacado profesor de leyes dijo a Friday Fax: «Sin menospreciar en lo más mínimo la seriedad de las presuntas ofensas de los sacerdotes católicos, sería un error grave para las leyes de derechos humanos permitir que se trivializara el deber de proteger, y que se le hiciera el juego a los abogados norteamericanos que fijan honorarios bajo la modalidad de cuota litis».

 

Otro abogado de derechos humanos dijo a Friday Fax que el artículo podría ser parte de una campaña mayor. Robertson lucha desde hace muchos años para que se prive del estatus de observador permanente a la Santa Sede en la ONU, y se refirió públicamente a la primera como «la ONG más grande del mundo».

 

Cuando en 1999 se lanzó una campaña tendiente desplazar a la Santa Sede, los Estados Miembros de la ONU ofrecieron su apoyo al Vaticano, y en 2004 la Asamblea General aprobó mediante votación unánime que se ampliara su estatus. No se sabe con certeza si el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, estaba al tanto de las tendencias políticas de Robertson antes de que lo nombrara juez de la ONU.

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Autor:Piero A. Tozzi y Susan Yoshihara

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Las conclusiones preliminares a las que arriba un destacado investigador biomédico que examina el pronunciado descenso en el número de muertes maternas a lo largo de los últimos cincuenta años en la nación latinoamericana de Chile, al parecer debilitan los argumentos del lobby abortista, según los cuales se necesitan leyes de aborto permisivas para  reducir los índices de mortalidad materna.

 

Según el Dr. Elard Koch, epidemiólogo de la facultad de medicina de la Universidad de Chile, la promoción de medidas de «embarazo seguro» como la «detección y control antenatal precoz» con profesional capacitado en clínicas u hospitales es el principal factor responsable de la reducción de la mortalidad materna. «La razón de mortalidad materna se redujo de 275 por 100.000 nacidos vivos en 1960 a 18,7 por 100.000 nacidos vivos en el año 2000, la mayor reducción observada en países de Latinoamérica».

 

Dado que Chile es una nación cuya Constitución y Código Penal protegen la vida del que está por nacer, esta disminución no puede ser atribuida al acceso al aborto legal. De hecho, como lo demuestra este informe preliminar, la mortalidad materna en el país descendió durante la última década, al margen de que el aborto estuviera o no despenalizado. Chile reforzó sus restricciones contra el aborto a fines de los ochenta.

 

Según el Dr. Koch, «Desde 1960 al presente, ha habido un gran avance en el sistema de salud pública y de atención primaria» en Chile, con recursos destinados al desarrollo de «personal de salud altamente capacitado, la construcción de numerosos centros de salud primaria y  el incremento en la escolaridad de la población». Al parecer, la educación fue un factor primordial en el mejoramiento de la salud materna del país. Actualmente, Chile presenta un registro de salud materna comparable con el de las naciones desarrolladas.

 

Las estadísticas publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ratifican estas conclusiones. Según la OMS, Chile presenta el índice más bajo de mortalidad materna de Sudamérica, mientras que Guyana, que liberalizó significativamente sus leyes a mediados de los noventa argumentando preocupación por el número de muertes maternas, cuenta con los registros más altos.

 

De hecho, un artículo de Irvine Loudon sujeto a arbitraje que fue publicado en el American Journal of Clinical Nutrition en el año 2000, que, quizás, constituye el análisis más exhaustivo sobre el descenso de los índices de mortalidad materna en el mundo desarrollado, confirma que la «repentina y marcada disminución en los índices de mortalidad materna, ocurrida después de 1937, tuvo lugar en todos los países desarrollados y erradicó las amplias diferencias existentes anteriormente en lo que respecta a los índices nacionales de mortalidad. Los principales factores que condujeron a este descenso parecen haber sido las sucesivas mejoras en los cuidados maternos».

 

Como actualmente sucede en Chile, estos grandes avances en el mundo desarrollado ocurrieron antes de que se liberalizara el aborto. Es por ello que, aparentemente, lo que genera la reducción del número de muertes maternas durante el embarazo y el parto es el mejoramiento del acceso a la asistencia médica de calidad en salud materna.

 

Los especialistas en salud materna como la Dra. Donna Harrison, destacada obstetra, indican que si se introduce el aborto en el contexto de los países del mundo en desarrollo sin antes mejorar la atención básica de la salud materna, aumenta el riesgo de mortalidad, ya que los sistemas de salud no pueden brindar una respuesta adecuada a las complicaciones derivadas de técnicas de cirugía invasiva como el aborto. De hecho, naciones como Sudáfrica, que cuenta con uno de los regímenes más liberales en materia de aborto, han experimentado un incremento en el número de muertes maternas que se atribuye, en parte, a las complicaciones desencadenadas a causa del aborto legal.

 

El Dr. Koch presentó su propuesta preliminar en la reunión inaugural del International Working Group for Global Women's Health Research el pasado mes, en Washington D.C.

 

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Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano

David del Fresno

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El Departamento de Defensa de los Estados Unidos empezará a suministrar la Píldora del Día Después (PDD) en todos sus hospitales y clínicas de todo el mundo, según revela una nota de prensa enviada el pasado Jueves tras el desayuno de oración del Presidente.
 
La decisión viene precedida por una recomendación del Comité de Farmacia del Pentágono, el cual acordó en Noviembre recomendar la inclusión de las marcas comerciales “Plan B” y “Next Choice” en el stock farmacéutico militar. El Pentágono aceptó la recomendación el pasado miércoles 3 de Febrero pero no se hizo pública hasta ayer, tras finalizar el desayuno de oración.
 
No es la primera de las medidas que la administración Obama viene tomando para derribar poco a poco todas las medidas en defensa de la Vida Humana que fueron implementadas durante el mandato de George W. Bush. Y decimos que no es la primera ya que desde su llegada a la Casa Blanca el Presidente ha ido elevando el listón del derecho a la vida, con medidas como estas:
 
1ª) Restauración de la financiación federal de los grupos pro-aborto.
 
2ª) Levantamiento de toda traba al uso de embriones humanos para
experimentación.
 
3ª) Derogación de la ley federal que amparaba el derecho de los médicos
y personal sanitario a negarse a realizar actividades contrarias a sus convicciones morales.
 
Financiación del aborto, experimentación con embriones humanos, negación de la objeción de conciencia de los médicos y resto del personal sanitario, distribución de la PDD... ¿Qué será lo siguiente?

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